La alcaldesa de San Gil, Esther Sánchez, cree que el Ayuntamiento de Plasencia «no ha alegado nada de peso» para que el Ministerio de Empleo cambie su resolución de no conceder al consistorio placentino la subvención que solicitó para desarrollar obras con personal del paro agrario, el Aepsa. Sin embargo, considera que «todo es imposible hasta que se hace el suficiente ruido para darle solución, de una forma u otra».

Por eso, aboga por «empezar a organizarse y hacer ruido» y, de momento, está a la espera de un local para celebrar una reunión la próxima semana con todos los afectados, un total de 144. El motivo es que «la gente nos llama sin información veraz porque les han dicho que el proceso se está dilantando». Por eso, quiere explicarles cuál es la situación real y qué opciones existen.

Lo que quiere evitar es «que se judicialice porque entonces nos va a costar dinero» y estas 144 personas, 9 de San Gil, perderían sus peonadas, las que les permiten cobrar subsidios.

Al ayuntamiento placentino le exige «que asuma su responsabildiad, porque la tiene» y al alcalde, que se mueva e intente solucionar el problema.

Por otro lado, Sánchez ha reclamado también públicamente al ayuntamiento que pague a San Gil 41.264,26 euros correpondientes al cobro de IBI e impuesto de circulación del 2018 que Diputación le ha ingresado.