Las que fueron secretarias de los concejales imputados afirmaron ayer que los ediles tenían delegadas la tramitación de las propuestas de gastos de los contratos menores en ellas, que eran quienes manejaban el sistema informático donde el interventor plasmó sus observaciones sobre el posible fraccionamiento de obras que debían adjudicarse por contrato mayor. Pero, al igual que han manifestado Blanco y ediles imputados, ellas tampoco vieron esas advertencias.

Carmen Cantero y Antonia Caletrio no las vieron porque solo accedían a la tecla I para ver los informes del interventor cuando previamente aparecía un No o un Pendiente en la casilla que rellenaba Del Olmo para señalar si había o no consignación presupuestaria y si procedía el gasto. En el caso de que en la casilla hubiera un , como sucedió en las obras que son objeto del juicio, nunca entraban para ver los informes, aunque ambas señalaron que igualmente tenían acceso y podían haber entrado.

"Yo podía ver el informe del interventor, pero si había un , Hacienda daba el . A mí me explicaron que, cuando había un de Intervención es que estaba todo correcto", señaló Cantero en referencia al curso que recibieron de la empresa que instaló el sistema informático para explicarles su manejo. "No nos dijeron que con un teníamos que mirar", dijo Caletrio.

Por tanto, no lo hicieron. No obstante, ambas reconocieron que los documentos de propuesta de gasto, con las observaciones del interventor, se imprimían siempre para unirlos a la factura de la obra, que llevaba la firma del concejal delegado que había hecho la propuesta.

Este documento formaba parte del expediente y era, según el interventor, la segunda ocasión en la que Blanco podía haber visto las observaciones. Pero el secretario municipal, Antonio Santibáñez, declaró ayer que, en el momento en que Blanco tenía que firmar para autorizar el gastos no recibía el expediente completo. "Ni yo ni la alcaldesa, estaba en Intervención", dijo.

De esta forma, Santibáñez contradijo al interventor, del que dijo no actuó correctamente porque, en su opinión y basándose en la ley, debió parar la tramitación de los contratos y emitir "un informe de observaciones, remitirlo al concejal y al pleno también. Sí ve fraccionamiento, debe emitir reparo e iniciar expediente de discrepancia".

El interventor señaló en su declaración que en ningún momento estuvo seguro de que existiera fraccionamiento.

No obstante, según declaró el secretario, "el interventor debe emitir reparo y paralizar el procedimiento". Con todo, dijo al fiscal que "si de verdad puso en conocimiento esas observaciones, era suficiente". Aún así, independientemente de que las vieran, Santibáñez respondió a preguntas de la juez que todos conocían perfectamente el límite económico establecido por la ley para la tramitación de contratos mayores y menores.