No ha sido un buen año para el servicio del autobús urbano. Pese a los intentos de la Concejalía de Tráfico por promover el uso del transporte público, la empresa que gestiona el servicio asegura que, durante este año, ha habido una caída de hasta 3.000 usuarios.

No es un buen balance, ya que, según Rufino Vázquez, portavoz de la cooperativa Los Arcos, en los meses de verano se han llegado a alcanzar los 7.000 usuarios, mientras que el mes de noviembre ha sido uno de los peores, con 4.000 y diciembre es tradicionalmente "un mes malo porque hay muchos días festivos y la gente se mueve más en autobús los días de diario".

La situación este año ha sido tal que Vázquez asegura que hasta tres meses, los cooperativistas han dejado de cobrar sus nóminas y otros han visto recortados los ingresos en un esfuerzo por poder subsistir. En total, son 14 los socios de la cooperativa, más dos asalariados.

Eso sí, el portavoz de la cooperativa reconoce que con la subida de cinco céntimos en el billete ordinario aprobada en pleno han podido compensar las pérdidas. "Nos ha ayudado. La subida de cinco céntimos era un requisito imprescindible para seguir aguantando y nos ha ayudado". Ahora, el billete ordinario cuesta 0,85 céntimos los días laborales y 0,90 los festivos.

Pero Vázquez ha destacado también el aumento de la demanda de los bonos de transporte. "El que más se vende es el juvenil, seguido por el de mayores y el laboral", explicó Vázquez.

Sobre el bono universal anunciado por el concejal de Tráfico, Francisco Martín, la empresa no cree que pueda estar listo ya este año y lo aparcará hasta el próximo porque "hay que estudiar primero algunas cosas para ver cómo se pone en marcha".

EMPADRONARSE Según ha explicado Martín, este bono universal servirá para veinte viajes y costará entre 15 y 16 euros. Su intención es enganchar a más usuarios del autobús urbano, ahora hay 2.279 que utilizan bonos y su reto es llegar a los 3.000.

Pero no es el único reto de la Concejalía de Tráfico porque el concejal ha hecho un llamamiento público para que los residentes en la ciudad se empadronen, ya que, según la Ley de Bases de Régimen Local, si la ciudad tuviera 50.000 habitantes podría recibir subvenciones del Gobierno Central, lo que permitiría abaratar los costes.

Esto no significa que el concejal comparta este criterio; es más, lo ve injusto porque "esta es una ciudad dispersa, con más de seis kilómetros de norte a sur, que tiene un río y una muralla que dificultan la movilidad".