+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario El Periódico Extremadura:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 
 
   
 
 

la próxima semana se creará la comisión local de baremación

Servicios Sociales calcula que unas 30 familias okupan viviendas

Unas 180 se han apuntado para el proceso de adjudicación de 32 . Ha pedido un listado a la Junta, ya que no pueden optar a una legalmente

 

Al menos treinta familias están ocupando viviendas ilegalmente en Plasencia. El dato lo dio ayer la concejala de Servicios Sociales, Flor Conejero, quien explicó que estas familias, por su situación de ilegalidad, no pueden optar al proceso de adjudicación de viviendas sociales de la Junta de Extremadura que se abrió el pasado mes de octubre.

Según la edil, como los servicios sociales del ayuntamiento y la Junta conocen a los okupantes, antes de iniciar el proceso se les advierte y «viene personal de la Junta para decirles que va a comenzar el proceso selectivo y se les pide que abandonen voluntariamente las viviendas y entreguen las llaves».

Unas familias lo hacen y otras no. Por eso, Conejero ha anunciado que desde la concejalía se ha solicitado a la Junta un listado «de personas que están viviendo de forma ilegal» porque han perdido el derecho a optar a una de las 32 viviendas vacías que forman parte de este nuevo proceso de adjudicación.

Precisamente, señaló que la próxima semana se creará ya la comisión local de baremación para analizar los expedientes y la documentación de las aproximadamente 180 familias solicitantes. Pero dado el volumen de trabajo y el tiempo que lleva analizar uno a uno, quieren ganar tiempo eliminando directamente a las familias okupas. «A esas personas no se las puede baremar», subrayó.

El decreto de adjudicación de la Junta marca diversos procesos y unos tiempos que suelen alargarse incluso dos años, pero la concejala quiere agilizarlos al máximo y su intención es tener las 32 viviendas adjudicadas -el procedimiento es el sorteo- antes de que termine este año.

Para eso, primero habrá que baremar y elaborar un listado provisional que se debe enviar a la Junta para que lo revise y después dar un tiempo a los solicitantes para reclamaciones hasta elaborar la lista definitiva.

Llegado a este punto, puede suceder también que las familias renuncien, lo que hicieron una quincena en el anterior proceso, que data del 2015. Esto suele suceder generalmente por la ubicación de las viviendas, aunque, en el caso de renunciar, no se puede optar a ninguna otra.

Ahora bien, Conejero matizó que, para los casos de urgente necesidad, el ayuntamiento tiene la potestad de la adjudicación directa, que se realizó en «cinco o seis» casos el año pasado y además, las familias pueden optar a ayudas de alquiler, ayudas por situación urgente o para gastos de luz, agua y gas.