A mediados de septiembre, el ayuntamiento envió notificaciones a vecinos de zonas del centro de la ciudad donde más quejas por ruidos se producen para solicitarles su autorización para realizar mediciones en el interior de sus viviendas. Les dio cinco días de plazo para contestar. A fecha de ayer, solo un vecino ha concedido autorización al ayuntamiento.

Lo desveló ayer el presidente de la asociacion vecinal Intramuros, Julián Gutiérrez y lo confirmó el ayuntamiento, quien no concretó el número de notificaciones enviadas y señaló que, el resto de vecinos, o bien han pedido una prórroga de tiempo para contestar, o no lo han hecho, lo que implicaba, como recogía el propio escrito, la denegación de la autorización.

El vecino que sí permitirá la medición reside encima de uno de los locales de ocio nocturno que ha provocado más quejas en los últimos meses. Según Gutiérrez, otros no han contestado a la notificación porque «sus casas están más alejadas de los establecimientos y no tiene sentido hacer una medición porque lo que les afecta es el ruido ambiente, el que se produce en la calle».

Por eso, una de sus peticiones sigue siendo que se realicen mediciones en la vía pública, que es donde también han denunciado escándalos públicos, peleas y consumo de alcohol que les impiden dormir durante los fines de semana.

Intramuros es una de las asociaciones de 15 municipios integrada en la Asociación Regional contra el Ruido, cuya directiva se reunió ayer en Plasencia con el objetivo de hablar de sus problemas actuales y de las medidas a tomar.

Entre estas, su presidente, José María Iglesias, destacó que van a solicitar una reunión con el subdelegado del gobierno en Cáceres y con la delegada del Gobierno para pedirle que la Policía Nacional «se implique mucho más en los disturbios que se producen en las calles, porque ahora, cuando la gente llama a la Policía Nacional, les derivan a la local».

También quieren reunirse con la fiscal de Medio Ambiente para que se implique igualmente y subrayan la necesidad de realizar planes zonales donde existen locales de ocio y «medir el ruido ambiental en la calle. Tienen la obligación de hacerlo». En este caso enumeró varias leyes, sobre todo la Ley del Ruido estatal del 2003, desarrollada por un Real Decreto del 2007, que está «por encima» de la ley regional y de las municipales y que «no se cumple», bien por dejación o por desconocimiento.