El ayuntamiento no quiere tomar ninguna decisión sobre la mayor deuda a la que se enfrenta el ayuntamiento, de 40 millones por las huertas de la Isla, sin tener el respaldo de los técnicos. Por eso, ha encargado informes a los servicios jurídicos y al departamento de Urbanismo para decidir cómo resuelve la situación. En principio, informaron ayer fuentes municipales, no se descarta nada, ni el recurso de amparo que ayer volvió a pedir el grupo socialista-regionalista, aunque lo ve difícil.

El concejal de Hacienda ya ha dicho además que tiene previsto "un plan B, y C y D sobre las huertas" y las previsiones son que, a finales de esta semana o comienzos de la próxima, estén ya listos los informes técnicos. La intención del edil José Antonio Hernández es convocar después una comisión de Urbanismo para reunir a los partidos de la oposición y exponerles las alternativas para que puedan opinar, aunque algunos ya lo han hecho por separado y públicamente.

Ayer, el PSOE-PREx señaló que la oposición aún no conoce las dos primeras sentencias del Supremo, que obligan a pagar 6,2 millones de euros más intereses por dos fincas, pero mostró su rechazo a las decisiones del tribunal, "siempre desde el respecto por la justicia".

No obstante, insistió en pedir a los servicios jurídicos del ayuntamiento que "busquen la fórmula para iniciar un recurso de amparo, sobre esta dañina sentencia para los intereses de la ciudad", en palabras del portavoz del grupo. Jesús Muñoz.

Como ejemplo de que las valoraciones del Supremo son "desmedidas" --multiplican por cuatro y por cinco la tasación que hizo el tribunal del Justiprecio-- el PSOE-PREx hizo públicos ayer datos de la valoración de varias fincas que aparecen en los recibos de la contribución.

En el caso de una finca de 5.778 metros, de los que 476 están construidos, señala que el valor catastral total es de 59.226,19 euros y el importe que debe pagar el contribuyente es de 355, 56 euros. Otra finca de 2.472 metros está valorada en 25.200,42 euros y el importe a pagar es de 139,20 y una tercera finca de 5.705 metros tiene un valor catastral de 19.242,96 euros y ha quedado exenta de pago este año.

En opinión de Muñoz, "los valores declarados por los propietarios son excesivamente bajos para lo que potencialmente parece que se valoran los terrenos". Recuerda el portavoz que la Junta establece un índice de corrección que en 2013 es de 2,85 puntos sobre el valor catastral, con lo que la primera finca valdría 168.794,64. Sin embargo, según una de las últimas sentencias, el Supremo tasa en 5,4 millones de euros el valor de una finca de 4.660 metros.

En todo caso, el PSOE-PREx insiste en que, si un recurso es inviable, "se debería estudiar la posibilidad de devolución" por no tener ya interés público.