El impuesto de vehículos y todas las tasas salvo la del agua, el IBI y el impuesto de construcciones, instalaciones y obras subirán el año próximo el IPC autonómico, que es de un 2,9 por ciento, según se aprobó el lunes en el pleno por el gobierno del PSOE con el voto de Victoria Domínguez y la oposición del PP tras todo un debate en torno al significado del verbo congelar.

"Yo no he dicho que congelar sea equivalente a pagar lo mismo", replicó el portavoz del PSOE y concejal de Hacienda, Pablo Sánchez del Mazo, cuando el PP le cuestionó que solo si el ayuntamiento rebaja un dos por ciento el IBI será efectiva su congelación porque se compensaría así la subida prevista por el Estado del valor catastral. Así que Anselmo Díaz Cabello le instó: "Diga usted a los ciudadanos que congelar para usted significa que va a pagar mínimo un 2% más porque ellos lo que pensarán es que si no sube, van a pagar lo mismo". De ahí que el PP condicionara su voto favorable a la rebaja del IBI, sin éxito.

SERVICIOS MAS CAROS Congelados los impuestos de bienes inmuebles, el agua y el que grava a los constructores, los ciudadanos tendrán que pagar un 2,9% más por el resto de las tasas municipales. Esto es por prestación de servicios urbanísticos, licencias de apertura, cementerio, retirada de vehículos de la vía pública, ocupación o aprovechamiento especial de terrenos de uso público y reservas de la vía pública para aparcamiento, ayuda a domicilio y teleasistencia, instalaciones deportivas, mercado de abastos, guardería, vigilancia de aparcamientos en la vía pública, escuela de cocina, recogida y mantenimiento de perros, desinfección de vehículos y desatascamiento de tuberías además del impuesto sobre vehículos.

El otro punto del pleno que generó polémica fue el expediente de baja por prescripción de impuestos y multas por valor, finalmente, de hasta dos millones de euros. Lo que el PSOE aprobó también con el voto favorable de Domínguez, que hace un año votó, con la oposición, a favor de dejarlo sobre la mesa hasta disponer de documentación. "Ya me parecía --dijo-- mucho tardar" y desveló que fue ella misma quien urgió hace dos meses que volviera a pleno con el informe detallado de diputación: "Lo que se vota hoy aquí es un principio de legalidad. Han prescrito y lo que nos dice la diputación, que es en este momento la competente, es que tenemos que darlos de baja y vamos a dejar de marear a los ciudadanos", dijo.