Como si de obras fantasma se tratara, los técnicos municipales que declararon ayer ante el juez del juzgado de Instrucción número 4 en calidad de testigos afirmaron ante el magistrado que desconocen todo lo relacionado con las obras que se investigan en el presunto caso de corrupción en el ayuntamiento por adjudicaciones ilegales porque no hubo supervisión técnica de ninguna.

Así, tanto el arquitecto municipal como la aparejadora de más antigüedad negaron todo tipo de vinculación técnica con las obras: el aparcamiento de las huertas de La Isla; la piscina climatizada; la pista de motocross y obras de mantenimiento en la ciudad deportiva.

La única de la que dijeron tener conocimiento fue de las obras de la piscina climatizada puesto que se encargó un estudio previo que recomendó las obras (en septiembre del 2008) y el propio arquitecto emitió un informe posterior a las obras en el que garantizaba, aunque de forma provisional, la seguridad de los usuarios tras los trabajos.

Sin embargo, esto no significa que hubiera algún tipo de supervisión técnica, ni de estas ni del resto de las obras, según indicaron en su declaración.

No la hubo, según dijeron, porque nadie del gobierno encargó esta supervisión; pero es más; según ha podido saber este periódico, ninguna de las obras investigadas contaba con un proyecto previo y, sin proyecto, no hay una dirección técnica de obras ni certificaciones. Tampoco se realizó el correspondiente plan de seguridad y salud.

Con todo y tras la declaración de los dos técnicos, termina a priori la tanda de declaraciones ante el juez. La fase de instrucción del caso continuará ahora por las pruebas solicitadas, tanto por el juez como por las partes y, entre ellas, el juzgado tendrá que recibir información que se ha solicitado al ayuntamiento.

En vista de esta nueva documentación, el juez podrá decidir después si llama a declarar a nuevas personas, como testigos o como imputados aunque, según fuentes judiciales, no es probable que esto vaya a suceder antes de que termine el año.

Lo que el juez mantiene de momento es la calificación para cada uno de los imputados: los concejales Enrique Tornero, Blas Raimundo y Francisco Barbancho y los técnicos Roberto del Olmo, interventor municipal y Antonio Santibáñez, secretario. A todos les ha llamado a declarar por presuntas adjudicaciones irregulares de obras que, por su cuantía, debían haber salido a concurso público y, sin embargo, se tramitaron como obras menores mediante el fraccionamiento de facturas.