Las obras realizadas en la piscina climatizada --que realizó José Antonio Romero a instancias del concejal Enrique Tornero-- fueron las únicas en la que el arquitecto y la aparejadora de más antigüedad del ayuntamiento tuvieron algún tipo de intervención y ambos afirmaron ante el juez en su declaración como testigos que debía haberse tramitado como una obra mayor --y por tanto haberse convocado un concurso público-- porque afectaban a la estructura del edificio. Esto habría llevado consigo además la necesidad de un proyecto técnico, memoria, pliego de condiciones, presupuestos y plano, que no se realizaron.

CIERRE PREVISTO En su lugar, el arquitecto dijo haber hecho únicamente un informe para garantizar la seguridad estructural de la piscina y controlar los elementos estructurales que se cambiaron y señaló que, cuando acudió a la piscina, había ya muchas personas trabajando y desconocía en qué. Además, aseguró que las reparaciones --realizadas en 2008-- fueron las mínimas porque el gobierno pensaba ya cerrar la piscina y construir otra.

Por su parte, la aparejadora de más antigüedad dijo desconocer las obras que la empresa de Romero Vega hizo en la piscina y en el resto de las obras, que no tuvieron ningún tipo de supervisión técnica porque a ningún técnico se le encomendó esta tarea.