Las asociaciones de Gabriel y Galán y Ribera del Valle, que forman Unadata, se sienten engañadas por el ayuntamiento, ya que consideran que la comisión de la vivienda, organizada como primer paso para adjudicar los pisos sociales vacíos u ocupados ilegalmente en La Data y otros barrios ha sido un "fraude".

Sus responsables critican que se haya permitido participar en la comisión que ha estudiado las solicitudes a "personas que están ocupando ilegalmente una vivienda" y también denuncian que se hayan remitido a la Junta los expedientes de éstas. Los vecinos están dispuestos a acudir a Mérida para protestar durante la comisión regional que decidirá en septiembre la adjudicación.

Por su parte, la edil Carmen Blázquez, explicó que el decreto de la Junta que regula la comisión "no dice que los ilegales no puedan formar parte de ella". Aún así, aclaró que aunque a la Junta se han enviado todas las solicitudes presentadas, "sólo se han baremado las de personas que tenemos constancia de que no están ocupando una vivienda". Blázquez quiere asegurarse de que éstas acceden a los pisos, por lo que ha pedido asistir a la comisión regional "si no con voto, al menos con voz".