Tres años de obras de mejora en las redes y sistemas de abastecimiento y saneamiento de la ciudad, con una inversión de 10,5 millones de euros. Es lo que han pactado el Ayuntamiento de Plasencia y la UTE de Aguas que gestiona el servicio desde el año 2007. El acuerdo, que detalla obras y plazos, lo han plasmado en un convenio que pasará mañana por el pleno para su aprobación.

El alcalde y el concejal de Servicios Municipales, Luis Miguel Pérez Escanilla, anunciaron ayer públicamente este convenio porque supone un final feliz tras años de litigios judiciales que ha terminado ganando el ayuntamiento y el cumplimiento del pliego de condiciones por el que se adjudicó el servicio.

El alcalde recordó ayer que el contrato estipulaba «15 millones de euros en inversiones y se han invertido tres». Ahora, se realizarán todas las pendientes y otras que no estaban fijadas con nombre y apellidos en su momento. Entre estas, destaca el cambio de tuberías en las avenidas de España y Martín Palomino, con 2 millones de euros de inversión.

En este caso, debe estar ejecutado en dos años y todas deberían estarlo en un máximo de tres. No obstante, Fernando Pizarro matizó que, «aunque termine el contrato, tienen que ejecutarlas y, de lo contrario, lo haría el ayuntamiento a su costa».

El caso de Martín Palomino está pendiente no obstante del convenio con la Junta y el Ministerio de Fomento, que este todavía no ha firmado.

El convenio con la UTE contempla también obras en calles de intramuros y Pizarro puso de ejemplo Santa Ana, Coria y Ancha, donde subrayó que también cambiará el firme. Extramuros, se actuará en Santa Elena, la plaza de toros y La Data y habrá también actuaciones en la estación de agua potable y en la estación depuradora, entre otras.

Unas tienen proyecto ya redactado y otras no. Las primeras deberían empezar una vez aprobado el convenio en pleno y para las obras tienen un plazo de 6 meses para redactar los proyectos y después comenzar.

Escanilla recordó que la UTE inició obras en el 2007, pero después paró y en el 2013 el ayuntamiento le reclamó que continuara. La UTE acudió a los tribunales por falta de aprobación del proyecto, lo que la junta de gobierno hizo en el 2015. En el 2016, se le volvió a requerir que ejecutara obras por 3,6 millones y la UTE volvió a la vía judicial, que ganó el ayuntamiento. La UTE recurrió al Supremo, pero ahora «se ha comprometido a retirar el recurso y ejecutar las obras».