Los propietarios de las huertas de La Isla esperan alcanzar este año un acuerdo con el ayuntamiento o se verán obligados a pedir la expropiación forzosa, un derecho que les corresponde desde que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) anuló en julio del 2001 el procedimiento de ocupación directa para su adquisición y para lo que han pedido una valoración económica que entregarán en breve a la alcaldesa.

La resolución del contencioso se ha dilatado tanto en el tiempo que el borrador que manejan supera los 30 millones de euros en que está cifrado el presupuesto del ayuntamiento, según señaló ayer la propiedad, lo que puede poner en apuros a las arcas municipales máxime cuando los intereses de demora empezarían a contarse desde el momento en que pida la ejecución de la sentencia que le reconoce el derecho a la expropiación.

CRITERIO DE TASACION El justiprecio ha de fijarse aplicando a las huertas el precio en el mercado de las últimas edificaciones colindantes y fue la propia alcaldesa la que pidió a los dueños en un encuentro reciente que le entreguen su tasación para abordar una negociación. Estos confían en que sea la definitiva después de que las anteriores corporaciones hayan dado largas al asunto y siguen abiertos al diálogo tanto por la vía de compra o permuta como de recalificación parcial de los terrenos que el PGOU los califica para equipamiento.

La adquisición de las huertas es imprescindible para que el gobierno del PSOE saque adelante su compromiso electoral de trasladar allí los colegios Alfonso VIII y Ramón y Cajal así como de completar la zona de ocio con pistas deportivas que se proyectó en el parque de La Isla. De hecho, los propietarios vieron con satisfacción en su primera reunión con Elia Blanco su buena disposición al diálogo.