Consideran que su lucha ha sido la de David contra Goliat. Nunca pensaron que solicitar un piso de 60.000 euros o renta media de un Proyecto de Interés Regional de la Junta de Extremadura les iba a suponer 13 años de lucha para recuperar su dinero, pero se han mantenido unidos y hoy pueden decir con satisfacción que han ganado.

Porque tres juzgados han dado la razón a un total de 119 afectados por el proceso de adjudicación del PIR de La Data de Plasencia. El último ha sido el de Instrucción número 3, que ha condenado a una entidad bancaria a pagar un total de 213.995 euros a 70 demandantes (102 afectados en total porque algunos pagaron junto a sus parejas), a razón de 3.000 euros por demandante, salvo uno, que recibirá 6.955 euros.

Fue lo que entregaron por la entrada de unos pisos de 60.000 euros y renta media, en el último caso, que la Junta promovió en el 2007 y a la mayoría se les adjudicaron por sorteo público. Pagaron la entrada entre el 2008 y el 2011 y el juzgado les ha reconocido además el derecho a cobrar intereses desde ese momento, que todavía no se han cuantificado. La sentencia es firme porque la entidad no la ha recurrido.

En el texto, la jueza afirma que, en este caso, «no se garantizó la devolución de las cantidades aportadas con seguro o aval», por lo que la entidad bancaria «incumplió el deber de vigilancia impuesto por la ley». Por tanto, señala que la responsabilidad de la entidad «es clara, a la vista de que aceptó cantidades anticipadas ingresadas en cuentas de la entidad a nombre de una promotora de viviendas sin exigir la constitución de las garantías» legales.

Ha sido la última sentencia, pero no la única que les ha dado la razón. 17 afectados presentaron una anterior y en enero del 2017, el juzgado de Instrucción número 4 falló a su favor. En este caso, la entidad recurrió ante la Audiencia Provincial y esta desestimó el recurso y confirmó la sentencia de enero.

Pero además, desde que se constituyeron, primero como plataforma y después como Asociación de Consumidores y Usuarios PIR La Data, se han mantenido unidos. Tanto es así, que hay 11 familias que no recuperarán su dinero, una porque perdió el primero juicio y diez porque ingresaron el dinero en otro banco, «como les dijeron», pero no era una cuenta que tenía por finalidad pagar las viviendas y, por tanto, no han podido reclamar. Aún así, los afectados que sí recibirán el dinero que adelantaron han decidido «ser solidarios y todos vamos a aportar una parte de lo que nos den para que todos podamos cobrar».

Así acabará el periplo de quienes optaron a 271 viviendas del PIR. Recuerdan que «abrieron unas oficinas de la Junta en el comercial Iberia» donde los adjudicatarios tenía que acudir y después «recibimos una carta con anagrama de la Junta para que nos pusiéramos en contacto con la empresa» para dar el adelanto de la vivienda.

Agradecidos

«Siempre había alguien que nos decía lo que teníamos que hacer». La Junta anunció el inicio de las obras para el verano del 2008, pero como no sucedió, hubo adjudicatarios que renunciaron. Con el paso de los años, se han sucedido multitud de circunstancias. «Yo tuve que aplazar mi boda a la espera del piso», cuenta una afectada. Hay parejas que se separaron, otras que acabaron alquilando pisos... y todo sin recuperar su dinero. Pero además, la constructora entró en concurso de acreedores y tuvieron que esperar al resultado y en el 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura anuló el PIR por incluir terrenos de particulares.

Los afectados acudieron al ayuntamiento, a la Junta, a la empresa, a abogados... con diversa suerte. Por eso ahora, seguros de que recuperarán lo que era suyo, quieren dar las gracias «a los que siempre creyeron que nuestra reivindicación era justa», empezando por los abogados Adolfo Maíllo y Carmen Chaves, que «se arriesgaron y nos dijeron que, si perdíamos, no nos cobrarían nada».

También al Defensor del Pueblo, al que acudieron y «nos dio la razón. Estuvo trabajando para obtener una resolución de la Junta». Al alcalde Fernando Pizarro «por su ayuda» y también a los políticos Mónica García, Damián Beneyto y José Luis Díaz por llevar su reivindicación a la asamblea regional.

Echando la vista atrás, se muestran «satisfechos, pero dolidos con la Junta por no reparar el daño causado. Ha sido mucho tiempo y mucho sufrimiento. Siempre hemos oído a Vara decir que le gusta escuchar a la gente de la calle porque en ella está la verdad. Nosotros le dijimos la verdad y no nos creyó».

A quienes se encuentren en una situación similar, les quieren lanzar dos mensajes: «que hay que unirse porque es penoso cómo nos trataron cuando íbamos individualmente» y que «crean en la Justicia porque al final, todos somos iguales, el poderoso y el pequeño y nosotros hemos sido superhéroes».