Las viviendas construidas en la sierra de Santa Bárbara y otras zonas de suelo no urbanizable no están registradas, no se pueden vender, ni heredar, están en un «limbo» que solo se podrá solucionar con la regularización. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura acaba de anular una orden de derribo municipal sobre una de ellas, pero «eso no es ningún salvoconducto», expresa un representante vecinal. Lo único que lo será, insisten, es la regularización.

Por eso, aunque esa sentencia ha aliviado a quienes habían recurrido las órdenes de derribo que emitió el ayuntamiento en enero del 2017, porque sienta jurisprudencia, quieren dar el paso siguiente, ya que «los expedientes siguen abiertos». El ayuntamiento continúa con su tramitación y con la orden de multas coercitivas, que también han recurrido los vecinos, etcétera.

Además, aunque la última sentencia ha generado confusión entre algunos propietarios, «se trata de un caso y hay otros tres juicios pendientes», pero eso no significa que sea extrapolable a todas las viviendas.

Así, Enrique Vélez, que ha defendido a la dueña de la vivienda que no se podrá derribar, subraya que «esto es como las cláusulas suelo, el banco devolverá el dinero a quien recurrió, pero no a todo el mundo de oficio». Así, señala que el plazo para recurrir es de un mes y de dos en el caso de acudir al contencioso. Si eso no se hizo en su momento, al recibir las órdenes, «la orden es firme». Solo existe la posibilidad de interponer un «recurso extraordinario», pero duda de su efectividad.

modifICación del pgm /Con todo, lo que más preocupa ahora a los propietarios es que el ayuntamiento todavía no ha llevado a pleno la modificacion puntual del Plan General Municipal necesaria para que puedan iniciar el proceso de regularización. Lo último que dijo el concejal de Urbanismo el pasado 2 de mayo es que la junta de gobierno iba a aprobar un acuerdo para que los vecinos mejoraran y concretaran su petición, pero se han celebrado ya varias juntas y el acuerdo no se ha aprobado.

«No sabemos qué está pasando y a qué están esperando. Una vez que la Junta ha dicho lo que hay que hacer, no entendemos que no se haya hecho ya». Se refieren al informe ambiental positivo que emitió la Dirección General de Medio Ambiente y que establecía las medidas que los propietarios debían tomar.

Los vecinos desconocen el motivo del retraso en la tramitación e insisten: «nos perjudica porque los expedientes siguen».