El 10 de septiembre del 2014, comenzaba a funcionar en pruebas un nuevo sistema de control de los accesos del tráfico al casco histórico, las cámaras de vigilancia, que sustituían así a las pilonas. El 30 de septiembre terminaron las pruebas y, a partir del 1 de octubre, los infractores serían sancionados. Cinco años después, el Ayuntamiento de Plasencia volverá a sacar a concurso público este sistema al que se han acostumbrado los placentinos y que, según las valoraciones iniciales, ha reducido a la mitad el tráfico en las calles del recinto intramuros.

Según explicó ayer la concejala de Interior, Sonia Grande, el técnico del servicio de Contrataciones está ya ultimando el pliego de condiciones que regirá la licitación, puesto que este año termina el contrato con la empresa adjudicataria. «Se está cerrando el pliego», que incluye además el mantenimiento de los semáforos, señaló la edil.

No obstante, el pasado mes de diciembre se encargó un estudio sobre su funcionamiento «para comprobar en qué estado estaban» cámaras y semáforos y se detectaron deficiencias. Una de ellas, que los lectores de matrículas en algunas ocasiones funcionaban y en otras no.

Ante esto, se dio de plazo a la adjudicataria hasta el 9 de febrero para subsanar estas deficiencias y lo que el ayuntamiento está haciendo actualmente es comprobar «si se han subsanado o no». Grande señaló que lo que el informe indicaba eran averías ocasionales porque «se nos asegura que las cámaras han estado funcionando con normalidad».

Las cámaras están situadas en la puerta de Coria, la calle Talavera y la calle del Rey, junto a carteles que advierten de que el conductor entra en un espacio de acceso restringido y vigilado por cámaras. Los residentes y empresas que necesiten acceder al centro no tienen más que dar su matrícula y solicitar la autorización de acceso.

No obstante, el tráfico está permitido de siete a once de la mañana y de dos a cinco. Quien acceda fuera de ese horario o sin autorización se enfrenta a una multa de 80 euros, 40 con el pronto pago. Los infractores tienen 5 días para justificarse ante la policía local y, en caso contrario, se envían las sanciones al organismo provincial de recaudación, que es quien se encarga de cobrar al propietario del vehículo.

La concejala no adelantó ayer si habrá novedades en el nuevo pliego, en cuanto a horarios o número de cámaras de vigilancia, que fueron muy criticadas en sus inicios por algunos partidos.