Cheles vive una polémica relacionada con el uso y el destino de una parte de la indemnización de 156.000 euros que recibió la Sociedad de Cazadores de este pueblo, con motivo de las inundaciones de tierra provocada por la construcción de la presa de Alqueva. La polémica se convirtió en acción judicial con una denuncia que generó las diligencias 235/2006 del Juzgado de Olivenza, para que el juez investigara los gastos de alrededor de 66.000 euros que hizo el presidente de la misma sin que en su opinión "estuvieran debidamente acreditados", según han manifestado a este diario varias fuentes conocedoras del caso.
La denuncia la presentaron el 28 de marzo pasado cuatro miembros de la sociedad avalados por las firmas de casi otros 30 y el 20 de abril siguiente el juez ordenó la apertura de diligencias, si bien junto con el archivo de las mismas por considerar que los hechos no constituían delito alguno. Los denunciantes han recurrido en reforma y subsidiariamente en apelación, sobre la base de que las diligencias se han archivo sin practicar prueba alguna.
Ese grupo de socios expusieron en la denuncia que el dinero de la indemnización no se ingresó en la cuenta que usa la sociedad, sino en otra que está a su nombre, que también es de la sociedad, pero que los socios consideran que utiliza "a su antojo".
El pasado 17 de junio se celebró una asamblea en la que se pidió cuentas sobre el destino de la parte de dinero que consideran no justificada, y en ella se aportó una documentación que no convenció a los socios, relativa al encargo de un peritaje sobre el valor de unos terrenos cinegéticos, la factura de una cena y otra de un abogado.
Este diario intentó hablar telefónicamente con el presidente de la sociedad, sin lograrlo. Otro socio consultado dijo que estaba de viaje fuera de España.
