La Organización en Defensa de lo Público (ODP) anuncia que llevará a la fiscalía el funcionamiento de la televisión local de Villafranca de los Barros, tras solicitar sin éxito la conformación de su «legalidad». Entiende que «emite incumpliendo la ley, con consentimiento de la Junta». Asegura en un comunicado que la Junta advirtió de esta ilegalidad el 1 de marzo de 2014, así como de la multa prevista en estos casos, por lo que paró temporalmente su emisión hasta que la retomó con el cambio de gobierno tras las elecciones de 2015.
El concejal de ODP Cristóbal Torres ha solicitado «que se legalice y el funcionamiento democrático», pues cree que «beneficia al gobierno municipal». Ha explicado que la denuncia a la Fiscalía llega tras las peticiones de información hechas en los plenos, así como las comunicaciones procedentes de la Junta «que permitieran atisbar los procedimientos para su legalidad o requisitos para su legalización», sin que se les haya facilitado información alguna.
La organización también ha remitido un escrito a la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, pero tampoco ha obtenido respuesta.
Por otra parte, la organización ha denunciado que el alcalde de Villafranca, Ramón Ropero, «realiza todos los movimientos posibles para que el concejal de ODP tenga difícil su asistencia a los Plenos». Torres, que trabaja en la Universidad de Sevilla de manera presencial y realiza trabajos virtuales para otras universidades, dispone de tiempo para la asistencia a los plenos y participar en la vida política local, algo que «se pretende impedir fijando una fecha y una hora para la próxima sesión de imposible asistencia».
