«Nunca he estado en Cárnica Oliventina, jamás; si fui administrador fue porque me nombró mi tío y en la confianza que tenía en él y en que todo era legal; jamás se me pasó por la cabeza que pudiera cometer una ilegalidad. Soy yo el perjudicado con la caída de las empresas de mi tío, lo he perdido todo, mi casa, mi coche, no tengo nada y para venir al juicio he tenido que pedir dinero prestado a mi padre, que es pensionista. Gracias a este señor, que me defiende gratis». Con estas palabras respondió Zoilo Pazos J., sobrino de Ruiz Mateos, cuando el presidente de la Sala le preguntó si tenía algo que decir, antes de dar por finalizado el juicio seguido por la Sección Primera de la Audiencia de Badajoz contra él, acusado de insolvencia punible, por la quiebra presuntamente fraudulenta de Cárnica Oliventina, en el año 2010.

El juicio se inició el 21 de enero, cuando el acusado reconoció haber firmado documentos pero negó cualquier decisión, y continuó ayer con la declaración por videoconferencia de dos hijos de Ruiz Mateos desde prisión, José María y Álvaro. Ambos exoneraron de toda responsabilidad a su primo, el acusado, al afirmar que «nunca tuvo capacidad de decisión», que «era administrador por que lo había puesto mi padre a dedo», «solo para firmar lo que se le decía», pero que «ni gestionó ni negoció nunca nada».

El fiscal elevó sus conclusiones a definitivas y mantuvo que el acusado era el administrador único de las citadas empresas y de la sociedad Bardajera, a la que el mismo día de la compra de Cárnica Oliventina por Carcesa y de la firma de un préstamos de más de 6 millones con Caja Rural de Almendralejo, traspasó el saldo que quedaba de 1,4 millones, dejando descapitalizada Cárnica Oliventina, para meses después entrar en concurso de acreedores. El fiscal solicita 5 años y 6 meses de prisión por un delito de insolvencia punible y 1,4 millones como responsabilidad civil.

La defensa acusó al fiscal de aplicar delitos que no existían cuando ocurrieron los hechos en 2010; dijo que no ha aparecido la orden de la transferencia de 1,4 millones; criticó al presidente por «intervenciones que en ciertos momentos han dado la imagen de pérdida de imparcialidad»; y solicitó la absolución, con todos los pronunciamientos a su favor.