Las obras de mejora que la Consejería de Fomento acomete en la Ex-209, que une Mérida y Montijo, amenazan con dejar incomunicados a Esparragalejo y La Garrovilla, dos pueblos a los que apenas separan cuatro kilómetros y que comparten servicios como el instituto de secundaria, cajeros automáticos, la gasolinera o los supermercados. Los vecinos de Esparragalejo han denunciado a este diario que la Junta se niega a construir un acceso a pie de obra para que los vehículos circulen durante los siete meses que está previsto que duren las actuaciones porque "el presupuesto es limitado", lo que les obligará a dar un rodeo de más de 50 kilómetros por la A-5.

El pueblo de Esparragalejo está indignado, tal y como explica Paulina Rodríguez, miembro de la plataforma vecinal de protesta que se ha constituido. Esta señala que a partir de ahora, los vehículos tendrán que dar un rodeo de más de 50 kilómetros por Mérida y la A-5 y circular después por una vía propiedad de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que no está permitido el paso del tráfico no autorizado para ir a La Garrovilla. Esta ruta incluye además la circulación por una calzada romana que según denuncia Rodríguez, solo permite el paso a vehículos de hasta 12.000 toneladas. "Solo el autobús escolar vacío pesa 19.000", apunta.

Esta vecina señala que la relación entre ambas localidades es muy estrecha. "Yo misma voy de dos a tres veces al día a La Garrovilla, porque tengo negocios allí, y la mayoría de la gente de Esparragalejo es en este pueblo donde trabaja", señala. Los esparrenses también tienen que desplazarse a la localidad vecina para repostar el depósito del coche, ir al supermercado o al cajero automático cuando el único que hay en la localidad, que se instaló hace poco, no funciona. Y muchas familias se encuentran segregadas entre los dos municipios.

Para solventar el problema, los vecinos han pedido a la Consejería de Fomento, con cuyos representantes se han reunido, que se construya un acceso a pie de obra en el tramo de Esparragalejo a La Garrovilla, y de La Garrovilla a Torremayor, ya que las obras podrían durar más de siete meses. Pero la Junta se niega porque su presupuesto es reducido, dice la vecina. Esta alerta además de que otra de las posibilidades que barajan el Gobierno regional y el ayuntamiento es acondicionar un camino vecinal, cuyo asfaltado se ha ofrecido a pagar un empresario de La Garrovilla, pero con la condición de que solo sus vehículos --es transportista-- y el bus escolar circulen por él. "Eso se llama caciquismo", se queja Rodríguez. Este diario solicitó ayer una valoración de los hechos a la Consejería de Fomento, pero no emitió ninguna respuesta.