El Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo presentó ayer una querella criminal contra el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por «coacción y amenazas» al municipio por su advertencia de que se le retirarán las ayudas por incumplir la Ley de Memoria Histórica. Según explicó, el alcalde, Antonio Pozo (PP), la querella criminal ha sido presentada ante el Juzgado de Instrucción de Badajoz, y se hace tras la autorización recibida en el último pleno municipal para llevar a cabo las medidas de defensa necesarias “para impedir el menoscabo de los intereses de todos los ciudadanos de Guadiana del Caudillo».
Pozo señaló que en el caso de Guadiana del Caudillo las ayudas ascenderían a una 100.000 euros anuales y acusó a Gallardo de erigirse «en juez y parte» , así como de basar sus aspiraciones políticas «a costa» de su pueblo. «A costa de Guadiana del Caudillo no va a tener publicidad y no vamos a permitir que amenace a una población», dijo, al mismo tiempo que añadió que se reserva otro tipo de acciones «si al final esta decisión se toma tal y como ha anunciado en la prensa.
Pozo estuvo acompañado por el secretario general del PP de la provincia de Badajoz, Juan Antonio Morales, quien señaló que con estas «amenazas» a Guadiana del Caudillo y la pedanía de Villafranco, Gallardo pretende «dictar quienes según él incumplen la Ley de Memoria Histórica». Morales cree «intolerable» que use su cargo «para amenazar vilmente a dos municipios», y advirtió de que si a pesar de la querella sigue adelante, no descartan otras actuaciones en defensa de la libertad de cada pueblo a llamarse como quieran sus ciudadanos.
La Diputación de Badajoz no hizo declaraciones ayer sobre este asunto. H
