El PP, tras conocer ayer la petición de dos años de cárcel por la Fiscalía para el alcalde de Castuera y diputado provincial, Francisco Martos, «por apartar a un trabajador municipal»; acusado de delitos contra la integridad moral y de lesiones graves en relación con otro continuado contra la integridad moral en el ámbito laboral, pidió su cese.
Dijo que «nadie que tenga que ir a juicio por atacar los derechos de los trabajadores puede representar a los ciudadanos en un ayuntamiento, ni recibir salario público». Máxime, «si utilizó mítines para arremeter contra un trabajador. Y, más grave aún, como no le gustaban los informes del arquitecto municipal, le apartó de sus funciones», señaló en un comunicado.
El PP que «no desistirá en la defensa de los derechos de los ciudadanos, ni en que los cargos que ataquen la dignidad de otros dejen de ocupar esos puestos».
