El alcalde de Villafranca de los Barros, Ramón Romero, declaró ayer en calidad de investigado por un presunto delito de malversación de caudales públicos y defendió que las facturas a la asociación Q-Crear-T fueron justificadas por la interventora general y la delegada de Hacienda.
Durante más de una hora de declaración, el alcalde socialista ha defendido ante la jueza del Juzgado de Instrucción de Villafranca su inocencia frente a la acusación de Felipe Martín por un supuesto delito de malversación, por haber pagado presuntamente sin justificar, unas facturas a dicha asociación en 2014, por 8.000 euros.
Así lo aseguró su abogado, Santiago Lavado, exalcalde socialista de Los Santos de Maimona, a las puertas del juzgado, a preguntas de los periodistas, después de que el alcalde no quisiera hacer declaraciones públicas. Cree que esta causa, abierta a petición de la Fiscalía de Mérida, se archivará, ya que, en su opinión, quedado demostrado que la denuncia no cuenta con soporte documental al haber entregado las pertinentes justificaciones que demuestran la inocencia del acusado.
Lavado alegó que el ayuntamiento encargó una serie de espectáculos a la empresa Q-Crear-T, que fueron realizados y que se pagaron con gastos "justificados con el visto bueno de la Intervención municipal", aunque no existen contratos porque fueron "siete u ocho espectáculos" cuya cuantía, en torno a 8.000 euros, no exigía la formalización de los mismos.
La defensa presentó las facturas correspondientes al gasto realizado en el evento cultural y la certificación acreditativa de que "el alcalde no tiene ninguna intervención en el pago de ningún documento, porque tiene delegada la intervención". Además, presentó la certificación del secretario municipal en la que "se acredita que el alcalde no ha tenido nada que ver en este tipo de contratación".
A su juicio, la acusación de Felipe Martín se debe a la "persecución política" que sufre su defendido, con el objetivo de "hacer caer a una persona política muy relevante", algo que, en su opinión, comparte con la formación Podemos.
Por su parte, Felipe Martín pidió a la juez que suspenda la declaración del también investigado Francisco José Vizcaíno, conocido como 'Casco Rock', fundador de Q-Crear-T, hasta que se presenten las facturas que habría pagado el ayuntamiento a la asociación en 2015 y lo que va de 2016.
"Me ha dado a entender que lo aceptará", aseguró Martín, al tiempo que anunció que pedirá la declaración de la que fuera interventora general del consistorio y la concejala de Hacienda, Agueda Antúnez, en 2014, ya que Ropero las señaló como responsables del pago de las facturas.
Durante la jornada también declaró Gabriel Sánchez Suero, de Villafranca Avanza, que puso en conocimiento de Martín una conversación en una red social que dio pie a la denuncia y a la apertura del expediente judicial. "El es un mero transmisor, la analizo, la cotejo, veo que pueden existir indicios y lo mando a la fiscalía, que también ve indicios y lo remite a los juzgados de Villafranca", apuntó Martín, quien cree que en "nada de tiempo va a acabar siendo testigo". En su opinión, Ropero hoy "ha abierto más el abanico" al señalar a la interventora y a la teniente de alcalde, ya que su defensa, dijo, se ha basado en que "él no es el ordenador de pago, que tiene delegado los pagos en la teniente de alcalde".
Para la acusación, el fondo de la cuestión está en si las facturas que se han emitido a nombre de la asociación tenían el destino final en ella o era una intermediaria con "facturas fraudulentas", así como aclarar "ese 10 % adicional" en las mismas.
