El presidente del tribunal que juzga en la Sección Primera de la Audiencia al exalcalde y a tres exediles de Berlanga, acusados de un supuesto delito de falsedad documental, dos de ellos, y otros dos como cómplices --por haber destinado 100.000 euros del Aepsa a obras distintas para las que se concedió el dinero, en el 2006, que el Inem reclamó al comprobar que no se habían destinado a su fin--, suspendió ayer el juicio para estudiar los asuntos previos que presentaron las partes.

Antonio Prieto, abogado, entonces secretario municipal, presentó una querella en el 2009, que retiró porque requería una fianza de 7.500 euros, por lo que continuó como denuncia, acusó al entonces alcalde y al concejal de Urbanismo de prevaricación, falsedad y otros delitos, y a los otros dos como cómplices, si bien el juzgado de Instrucción la archivó, como también la Audiencia, salvo el caso de falsedad.

La fiscalía, que no acusa, ve incompatible que el querellante y abogado de la acusación particular, declare como testigo, por su doble condición, que contaminaría la causa, y propone que coja el caso otro letrado. La defensa interesó la nulidad porque dos de los acusados no declararon durante la instrucción, así como por no estar acreditado el abogado de la acusación. Esta pide 4 años para el exalcalde y un edil y 2 para los otros dos.