Cerca de 40 ciudadanos presentaron ayer en la ventanilla única del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros un total de 76 alegaciones contra las multas impuestas por la Delegación del Gobierno en Extremadura.
Los vecinos fueron sancionados por protestar contra el proyecto de instalación de una refinería de petróleo y polígonos petroquímicos en la comarca de Tierra de Barros y vocifear contra los miembros del equipo de Gobierno.
Los sancionados consideran una "tremenda injusticia y cacicada" la actitud de los promotores y firmantes de las multas, el alcalde de Villafranca, Ramón Ropero, y la delegada del Gobierno de la región, Carmen Pereira.
Según este colectivo, los ciudadanos sancionados han encontrado "multitud de apoyos" por parte de abogados de Villafranca, Fuente del Maestre y del decano del Consejo de Abogados de Sevilla, entre otros, pertenecientes a los partidos políticos del PSOE, IU y PP, así como a formaciones independientes que además, se han encargado de redactar las alegaciones.
El abogado que se encarga de canalizar las alegaciones de los sancionados es Angel García Calle, concejal por IU en Villafranca, aseguró que confía en que "la Delegación del Gobierno archive las denuncias".
