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EL GORDO 3 SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL

Absuelto el exalcalde acusado de un delito de malversación

Tampoco ven delito en la actuación de los técnicos y arquitectos implicados en el caso . Por la promoción de un geriátrico en un solar que adquirió el ayuntamiento

 

Una imagen de la fachada del palacio de justicia de Cáceres, donde se juzgó a los acusados. - FRANCIS VILLEGAS

Sira Rumbo Ortega
15/07/2019

La Audiencia Provincial de Cáceres absuelve al exalcalde de El Gordo, Bautista Sánchez Monterroso (PP), al concejal Elías Correas, al los arquitectos José Antonio Casero Romero y José Antonio Casero Fernández (padre e hijo) y al vecino Rafael Lorrio de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios derivados de la construcción de una residencia de ancianos en la localidad. El Ministerio Público pedía para ellos una pena de tres y cuatro años de prisión.

Según recoge la sentencia, en el año 2009 el entonces alcalde de la localidad cacereña de El Gordo decidió promover la construcción de una residencia de la tercera edad. Como el ayuntamiento carecía de solares para ello optó por crear una comisión encargada de seleccionar terrenos, integrada por varios concejales, entre ellos Elías Correa. Además en el consistorio ejercía como asesor técnico en materia de obras y urbanismo el arquitecto José Antonio Casero Romero. Todos ellos investigados en la causa.

Tras un estudio se decidió adquirir el solar propiedad de Rafael Lorrio, por un importe de 315.531 euros. En agosto del 2009 se firmó la escritura pública y el exalcalde encargó el proyecto para el geriátrico al arquitecto José Antonio Casero Fernández (hijo del asesor municipal). En cambio dicha contratación se realizó de forma directa, sin un concurso público, a pesar de que no se trataba de un contrato menor, puesto que sus honorarios ascendían a 107.261 euros. Después se ofreció la ejecución del inmueble a la empresa Guinea y La Loma SL, en cambio como directores de obra y de seguridad y salud el ayuntamiento contrató a Casero Romero y a Casero Fernández, a pesar de que el primero era técnico muncipal y el otro su hijo.

DEFICIENCIAS / Una vez que se inició la obra el Sepad advirtió de que tenía deficiencias que iban a impedir la puesta en marcha de la residencia. Además de otros problemas de mediciones que necesitaron un modificado de obra que supuso que el presupuesto ascendiera a casi 2,5 millones de euros, 500.000 más de lo que se dijo al principio.

Dos años después tomó posesión un nuevo secretario municipal, quien detectó los problemas que había dentro de la tramitación del proyecto del geriátrico, por lo que paralizó el pago de las certificaciones. En cambio el pleno de la corporación levantó el reparo acordándose el pago de las certificaciones. A finales del 2011 Casero Romero comunicó al ayuntamiento que ya había finalizado la obra pero esta no pudo ser recepcionada porque tenía deficiencias. Al año siguiente se resolvieron los contratos con ambos arquitectos y se designó a nuevos técnicos para que subsanaran los problemas. El consistorio les reclamó después casi 430.000 euros que costaron los arreglos.

La Audiencia, en cambio considera que a ninguno de los imputados puede condenarse por estos hechos. La sentencia puede ser recurrida al Tribunal Supremo.