La asociación de vecinos La Cruz del Río , de Alcollarín, ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente una moratoria en la construcción de una presa que anegará 524 hectáreas de su término municipal por considerar que provocará un daño irreparable al entorno.
El proyecto, que tiene aprobado su impacto ambiental desde 1997, está contemplado en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) y el Gobierno lo considera necesario para acabar con la "deficiente regulación del río Alcollarín" y los problemas ocasionados ante hipotéticas crecidas. La presa también está concebida para el abastecimiento de agua potable a Alcollarín, Abertura, Campo Lugar, Escurial, Miajadas, Puerto de Santa Cruz, Villamesías y Zorita, y para satisfacer las puntas de demanda de agua para riego a los agricultores del Canal de Orellana.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), que informó sobre la viabilidad del proyecto el 5 de julio de 2006, sostiene que descartar el proyecto equivaldría a "condenar una zona ya deprimida y en constante proceso regresivo". La presa se ubicará en la zona conocida como La Cerrada de Alcollarín , tendrá una capacidad de 51,6 hectómetros cúbicos de agua y un muro de hormigón de 31 metros de altura situado a tan sólo 500 metros del casco urbano.
El presidente de la asociación vecinal, Pedro Luís Bernardo, ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente una moratoria que permita consensuar entre las partes un plan alternativo de reubicación de la presa que beneficie a los vecinos. El emplazamiento seleccionado inundará más de medio millar de hectáreas de huerta, dehesa y olivar, mientras que otra ubicación en la zona de La Cebrera que fue sometida a estudio y descartada, alejaba el riesgo de la presa a dos kilómetros del casco urbano y anegaba la mitad del territorio, aunque su capacidad era de 21,3 hectómetros cúbicos.
La plataforma vecinal no mantiene una oposición frontal al embalse, pero sí a su emplazamiento, a pesar de que el proyecto contempla un área de recreo de 12 hectáreas con una zona deportiva en la que habrá campo de fútbol, dos pistas de tenis y aparcamientos, y otra recreativa con un lago, un parque, paseos y una zona de acampada.
El Ministerio de Medio Ambiente invertirá en el proyecto más de 27 millones de euros, de los que 2,6 se destinarán a hacer frente al pago de expropiaciones. Pero la comisión de vecinos ha advertido a los propietarios de tierras que, con el emplazamiento elegido, el pago del justiprecio sólo beneficiará a unos cuantos latifundistas.
La plataforma vecinal de Alcollarín se ha propuesto abrir con las Administraciones una vía negociada en la que prime el diálogo, pero no descarta iniciar otro tipo de acciones si no se da respuesta a sus peticiones. En contra de la opinión del Ministerio de Medio Ambiente, Bernardo no cree que vaya a mejorar la productividad de la economía de la zona ni que se incremente el nivel de empleo, ya que la mayoría del trabajo será especializado. Tampoco da credibilidad al anteproyecto, que vislumbra buenas perspectivas para el sector agrícola por la puesta en riego de nuevas tierras.
"Son todo números, pero detrás de los números hay personas", manifestó ayer el presidente de este colectivo vecinal.
