El alcalde de Alcollarín, Julián Calzas, se mostró favorable a iniciar conversaciones para elegir otro emplazamiento para la presa proyectada por el Ministerio de Medio Ambiente a las afueras del municipio, que anegará 524 hectáreas de su término.

Calzas indicó que no es partidario de la construcción del pantano "porque no beneficiará en nada" a los vecinos de Alcollarín y solicitó a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) que introduzca "modificaciones al proyecto y negocie mejoras que beneficien al pueblo".

"El sitio no es el más adecuado, aunque es responsabilidad de la anterior corporación", precisó el alcalde. Según consta en el expediente que se tramita en el Ministerio de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Alcollarín, entonces gobernado por el socialista Adrián Rodríguez, se mostró "totalmente favorable al proyecto, solicitando la construcción de una piscina natural y de un muro de contención". Diez años después, y tras descartar otras opciones para su ubicación, se sabe que el muro se situará a tan sólo 500 metros del casco urbano, una distancia que la asociación vecinal La Cruz del Río considera peligrosa.

Pero el rechazo a la presa ha llegado demasiado tarde. Sólo cuatro grupos ecologistas presentaron alegaciones al proyecto en 1997 y los escritos tampoco expresaban un rechazo al embalse. Aedenat y Adenex indicaron que la presa se iba a ubicar en una zona importante para las aves y produciría un efecto "negativo y directo", pero se limitaron a recomendar una serie de medidas correctoras como limitar la superficie de actuación, establecer pantallas vegetales, repoblar la zona con especies similares a las autóctonas, evitar la construcción de un camino junto al embalse y prohibir la navegación y el baño. La Sociedad Española de Ornitología (SEO) y la Coordinadora Extremeña de Protección Ambiental (CEPA) fueron menos generosas con el proyecto, pero de nada sirvió pues la Diputación Provincial de Cáceres, al igual que el ayuntamiento, consideró "primordial el aspecto social" de la construcción.

Curiosamente los más críticos con el proyecto fueron la Dirección General de Medio Ambiente y el Icona. La primera destacó el importante impacto socioeconómico que produciría la presa tras la inundación de "vegas muy fértiles, importantes para el municipio de Alcollarín"; el Icona puso de relieve la proximidad al área de interés botánico de la Sierra de Guadalupe y Las Villuercas y planteó una serie de medidas correctoras.