El alcalde de Coria, Juan Valle, afirmó ayer que el cierre de la sala velatorio de la Residencia de La Inmaculada, de Coria, después de que el TSJEx haya anulado el permiso de apertura, le podría costar al ayuntamiento 1.200.000 euros (200 millones de pesetas), un dinero que la empresa Alcaesar Funercoria S. L. podría reclamar al consistorio en concepto de responsabilidad patrimonial. Juan Valle añadió que por este motivo el ayuntamiento podría pedir responsabilidades al exalcalde, Joaquín Hurtado, por conceder en el 2005 un permiso de apertura de forma ilegal tal como confirma la sentencia dictada el 13 de septiembre por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. "Este es el gran logro de la gestión de Hurtado", señaló Valle. En cuanto al cierre del velatorio, Valle afirmó que se ejecutará en cuanto el consistorio reciba la sentencia que ordene el cierre de la actividad que puso en marcha Alcaesar Funercoria.
Por otro lado, Rafael Gallego, gerente del tanatorio de Las Lagunillas y en situación legal, afirmó ayer que tras conocer la sentencia del Tsjex, su abogado ha presentado en el registro general del ayuntamiento un escrito para pedir a las autoridades locales que ordenen el cierre del velatorio de La Inmaculada.
