La Guardia Civil ha detenido e investigado a una veintena de personas e imputado a cuatro empresas por arrojar alrededor de 500 toneladas de despojos de animales no destinados al consumo humano en espacios naturales de Cáceres, los cuales transportaban en vehículos sin desinfectar y falsificando documentos.

Los ahora investigados están implicados en delitos continuados de estafa, falsedad en documentos oficiales, públicos y mercantiles y contra los recursos naturales y el medio ambiente, han informado fuentes del instituto armado.

Esta operación de la Guardia Civil, que se inició en agosto de 2017, ha concluido con la detención de diez personas y la investigación de otras tantas, además de la imputación de responsabilidad penal de cuatro entidades jurídicas.

Los agentes han practicado cinco entradas y registros en instalaciones y establecimientos asociados a la gestión de subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH), ubicados en distintos municipios de Cáceres y Salamanca.

Asimismo, inspeccionaron administrativamente dos empresas vinculadas con el transporte de animales vivos, donde se intervinieron cerca de 10.000 documentos en soporte físico, archivos electrónicos y dispositivos de almacenamiento de datos, sellos pertenecientes a dos empresas, una de ellas cesada en su actividad, y talonarios de desinfección de vehículos falseados.

Las pesquisas que dieron origen a esta operación, denominada "Dispendium", se iniciaron en 2017 tras detectarse, en una inspección rutinaria, el tráfico y uso indebido de documentación, de carácter oficial, supuestamente falsificada, y que amparaba el transporte de animales vivos (ganado de lidia), con destino a la celebración de festejos taurinos populares.

Los investigadores detectaron que, para dar apariencia de validez y legalidad a esta actividad, estampaban en la documentación "sellos de empresas inactivas" y que, por tanto, no tenían participación real en los movimientos del ganado ni en la posterior desinfección de los vehículos empleados para el transporte.

Esta inspección conllevó la apertura de una investigación, impulsada por la Fiscalía de Medio Ambiente de Cáceres, centrada en el control de los documentos oficiales que amparan el transporte de subproductos de origen animal, procedentes de acciones cinegéticas de caza mayor (monterías en su mayor parte), celebradas en Extremadura durante las temporadas 2017-2018 y 2018-2019.