La experiencia próxima y remota en la gestión de las mancomunidades ha puesto de manifiesto que la regulación contenida en los estatutos de las mismas se vuelven inoperantes ante determinadas situaciones que concurren en los municipios en el cumplimiento de las obligaciones y aportaciones que les corresponden realizar para la financiación de las obras y servicios mancomunados que se prestan a los mismos.

Son muchas las mancomunidades extremeñas que se enfrentan a este problema. Determinados municipios no cumplen con sus aportaciones y generan una deuda importante que además se acumula año tras año, hasta llegar a un montante insostenible. Esto genera disfunciones en la mancomunidad, que se ve en la obligación de seguir prestando el servicio en estos municipios y la imposibilidad, unas veces de carácter material, por la carencia de recursos, y en otras del compromiso del representante del municipio afectado, de hacer frente a la deuda generada en los sucesivos presupuestos que se aprueban sin dotación presupuestaria para satisfacer la mencionada deuda.

A su vez, los mecanismos de cobro establecidos en la legislación estatal y en los propios estatutos de las mancomunidades se tornan lentos e ineficaces. Están basados en la retención de determinados recursos municipales, tales como la Participación Municipal en Tributos del Estado, de la que se puede retener hasta un máximo del 50%, y del Fondo Regional de Cooperación Municipal. Son muchas las veces en las que se encuentra la mancomunidad, por la situación financiera del municipio deudor, por otras deudas contraídas por el mismo, totalmente retenido ese 50%, no permitiéndose legalmente otro tipo de retenciones.

A esto se añade el hecho de que la falta de recursos del municipio tampoco permite la retención de las entregas a Cuenta del Servicio Provincial de Recaudación, al ser insuficiente la retención total de estos recursos para enjugar la deuda, que a su vez se va engrosando. Se agrava el problema, que repercute profundamente en los municipios que sí cumplen con sus aportaciones.

Se han barajado muchas soluciones, pero ante la situación financiera y de tesorería de estos municipios, todas han resultado impracticables. Se encuentran en el techo máximo de concertaciones de operaciones de crédito a corto, medio y largo plazo, con liquidaciones presupuestarias con remanentes de tesorería negativas, sin ahorro neto deducido de sus presupuestos y que no existe voluntad, a pesar de estas circunstancias negativas, de establecer un plan económico-financiero para el saneamiento de su hacienda local.

Los hechos puestos de manifiesto aconsejan un estudio en profundidad del problema en todas las mancomunidades y articular unos mecanismos en los estatutos garanticen la plena satisfacción de las aportaciones. Así se evitará la acumulación de deudas, en aras de dar eficacia en la gestión de los servicios.

Dada la importancia que tienen en la actualidad las mancomunidades de municipios, al tratarse de órganos supramunicipales que cada día van elevando más su competencia por el incremento de la prestación de servicios y obras y porque además se canalizan una serie de subvenciones de toda índole de multitud de organismos, tales como las diputaciones provinciales, Junta de Extremadura, Gobierno Central o programas europeos, etcétera en las que participan todos los municipios mancomunados en igualdad de condiciones, incluso, los morosos.

No me parece ni justo ni solidario que ayuntamientos morosos tengan en la mancomunidad la misma oportunidad de participar en el reparto proporcional de los fondos de las subvenciones percibidas cuando existe un montante tan elevado de deuda por cuotas mensuales o liquidaciones de los diferentes servicios mancomunados sin pagar.

Este hecho crea enfrentamientos políticos y personales que se traslada en forma de crispaciones al seno de las mancomunidades y un clima de malestar que rompe el consenso y buen entendimiento que suele existir en las mismas.

Podemos concluir diciendo que hay que predicar con el ejemplo. Si se recibe hay que dar: para financiar los servicios y obras que se prestan y no contaminar a los que cumplen con sus obligaciones.