La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres juzgará el próximo 22 de enero a la exdirectora y el exinterventor de la oficina de Banesto en Moraleja, acusados de realizar entre junio de 1996 y finales de 1997 operaciones de crédito a nombre de terceras personas por importe de más de 267.000 euros, 44,5 millones de las antiguas pesetas.

Según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía Provincial de Cáceres, llevaron a cabo presuntamente las transacciones sin conocimiento de los titulares de las cuentas, "simulando sus datos de identidad y declaraciones de bienes, para favorecer a un tercer acusado". De esta forma, los dos exempleados lograron supuestamente créditos a su favor y en perjuicio del banco, tras ponerse de acuerdo con él para que realizara las firmas de esas terceras personas.

EN TRES PARTES En concreto, precisa el Ministerio Público, se llevaron a cabo un total de 30 operaciones, repartidas en tres paquetes: 23 por límite total de 33,8 millones de pesetas; tres por 4,3 y cuatro más por 6,4. La Fiscalía solicita ocho de cárcel para la exdirectora de la sucursal y otros tantos para el exinterventor por delitos continuados de falsedad en documento mercantil y de estafa, además de otro continuado de apropiación indebida. Para el cómplice, el fiscal pide dos años y de cárcel por falsedad en documento mercantil y estafa, también continuados. En concepto de responsabilidad civil, los exempleados del banco se enfrentan a una indemnización conjunta de más de 164.700 euros, además de 172.000 a una de las afectadas por la supuesta estafa.

RENUNCIA La Fiscalía precisa que Banesto ha renunciado a acciones civiles y penales contra el cómplice de los exdirectivos, al haber satisfecho éste 160.000 euros en concepto de perjuicios causados por su actuación. Asimismo, el Ministerio Público sostiene que tanto la exdirectora como el exinterventor actuaron "sin autorización del banco y que, aprovechando la relación de confianza, pagaron tipos de interés superiores, de hasta un 10%, respecto de los establecidos para operaciones de pasivo, haciendo transferencias de unas cuentas a otras sin autorización de los particulares".

En este sentido, llegaron presuntamente a pagar en intereses superiores a los pactados un importe total de 164.721 euros, que Banesto les reclama ahora al resultar perjudicado.