Para cualquier periodista, que se cierre un medio siempre supone una noticia triste; además de la pérdida de empleos, se rompe un espacio más desde el que construir la libertad de expresión, y con ella, la democracia. Después de televisiones locales, radios, digitales, y gratuitos en papel, ahora será Canal 9, la televisión valenciana, la que echará el cierre después de que la justicia declarase ilegal su ERE y obligase a reincorporar a más de mil trabajadores a sus puestos de trabajo.

Pese a lo que muchos dicen, los problemas son endémicos y estructurales: televisiones autonómicas con más trabajadores que las grandes privadas; gobiernos que empezaban a darse cuenta del poder de la imagen, y aumentaban subvenciones sin pensar en el sostenimiento que habría que hacer en el futuro; presentadores con cachés desorbitados y programas con presupuestos inasumibles. De rentabilidad de eso mejor ni hablemos.

Trece comunidades son las propietarias de medios públicos; ahora se habla de Canal 9; en los próximos meses lo haremos, sin duda, de Telemadrid, cuando se resuelva su ERE, y cuyo destino pasa por el cierre de la cadena si la justicia viese ilegal el expediente de regulación. Pero estos dos casos no son los únicos, las públicas acarrean gastos enormes y deudas vergonzantes en momentos de recortes presupuestarios. Veremos qué pasa cuando la Presidenta andaluza deje de pasear su nuevo cargo y se centre en labores de despacho ¿Se planteará entonces el cierre de la andaluza? Y con la catalana, ¿Qué?

Como periodista me duele el cierre de medios, pero como liberal me parece una aberración el gasto desorbitado en contenidos dudosos. Si en España existiese la figura jurídica del consejo regulador, Canal 9 hubiera echado el cierre hace años, cuando abanderaba la creación de espacios amarillos y vacíos.

Quizá lo que éstas necesiten sea cerrar sus puertas por un tiempo, regenerarse y volver, algún día, con vocación renovada, y como auténticos medios al servicio del ciudadano.