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MALPARTIDA DE CÁCERES 3 INFRAESTRUCTURAS

Fomento destinará a la variante de la N-521 41 millones

El ministerio, en estos días, expone el proyecto a información pública. La actuación permitirá prolongar la autovía A-58 hacia la frontera portuguesa

 

Carretera de acceso de Malpartida de Cáceres - EL PERIÓDICO

NIEVES AGUT prov-caceres@extremadura.elperiódico.com MALPARTIDA DE CÁCERES
15/02/2019

El Ministerio de Fomento, tal y como recoge ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha aprobado de manera provisional y, a la vez, ha iniciado el expediente de información pública adicional del proyecto que contempla el trazado de la Variante de Malpartida de Cáceres, un proyecto que fue redactado en el mes de junio del año pasado. El presupuesto que alcanza esta obra, según recogen las mismas fuentes, está estimado en 40,7 millones de euros.

En concreto, esta actuación ,que se ejecutará próximamente, consiste en la construcción de la variante de población de la actual la carretera N-521 a su paso por el municipio de Malpartida, así como una duplicación de calzada de la misma carretera entre el enlace con la autovía A-66 y el propio municipio cacereño. Respecto a la longitud total que abarcará la actuación alcanza una distancia de 10,7 kilómetros.

El propio Ministerio detalla que la construcción de una variante a la actual vía N-521 en Malpartida «permitirá dar un primer paso para poder extender la autovía extremeña A-58 hacia la frontera portuguesa». Al mismo tiempo, la nueva infraestructura «eliminará la difícil travesía ahora existente y mejorará sustancialmente la accesibilidad al municipio de Arroyo de la Luz y al resto de municipios del oeste de la provincia cacereña, según las mismas fuentes.

Por otro lado, por su proximidad a la capital, la población de Malpartida de Cáceres mantiene una función residencial que se ve complementada por la existencia de un importante polígono industrial. Por otro lado, el presente trámite tiene el carácter de información pública previa a la declaración de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto.

Por tanto, la aprobación definitiva del proyecto implicará la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes, modificación de servicios y adquisición de derechos correspondientes, a los fines de expropiación, de ocupación temporal o de imposición de servidumbres.