El Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar ha publicado una ordenanza de convivencia con multas de hasta 3.000 euros por infracciones relacionadas con solicitar servicios de prostitución en la vía pública y de hasta 1.500 euros por conductas de mendicidad en espacios públicos.
La alcaldesa de Garrovillas de Alconétar, Elisabeth Martín, explica que la ordenanza no se ha aprobado porque exista ningún problema puntual en este sentido, sino que se hace eco de una recomendación de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (Fempex), que ha sido adoptada ya por muchos pueblos en el entorno de Tajo-Salor, entre ellos Casar de Cáceres.
En relación a la mendicidad, la regulación se fundamenta en "el derecho que tienen las personas a estar y transitar sin ser molestadas o perturbadas en su libertad personal y en la protección de menores, así como en la libre disposición y uso de vías y espacios públicos".
La normativa entiende por mendicidad "cualquier conducta, expresa o encubierta, que bajo la apariencia de solicitud de donativo o limosna sea ejercida de manera insistente o intrusiva o represente cualquier acto de coacción o intimidación".
Así como aquellas que "impidan u obstaculicen el libre tránsito por la vía pública".
La normativa también incluye como mendicidad la vigilancia de vehículos (gorrillas) y prestación de servicios como la limpieza de parabrisas en la vía pública a cambio de donativos.
Sin embargo, la ordenanza no afecta a las "actividades musicales, artísticas y de animación de calle ejercidas en la vía pública de forma puntual y no periódica; siempre que se solicite la dádiva de forma no coactiva y como contraprestación a la actuación realizada".
Las multas oscilan desde 150 euros por infracción leve, hasta 1.500 euros por utilizar a menores o estar acompañados de los mismos.
Además, el Ayuntamiento se compromete a "adoptar todas las medidas a su alcance para erradicar el fenómeno de la mendicidad en cualquiera de sus formas".
En cuanto al ofrecimiento y demanda de servicios sexuales, persigue "preservar a menores de la exhibición de estas prácticas, mantener la convivencia y evitar problemas de vialidad en lugares de tránsito público, así como prevenir la explotación de personas".
Así, se prohíbe "promover, ofrecer, solicitar, negociar, aceptar o mantener, directa o indirectamente, conductas relacionadas con servicios sexuales retribuidos es espacios públicos", con multas de hasta 3.000 euros cuando "se realicen en espacios situados a menos de 200 metros de centros docentes o educativos o espacios frecuentados por menores de edad".
