La crispación política ha crecido de forma importante en Alcuéscar, donde el cruce de acusaciones entre miembros del equipo de gobierno y la oposición ha enturbiado la vida municipal.

Concejales que concurrieron a los últimos comicios bajo las siglas de Extremadura Unida (EU), y que han iniciado su andadura al margen de la formación regionalista, han denunciado la adjudicación de "empleos a dedo y por amiguismo". En concreto, citaron a la hermana del alcalde socialista, José Antonio Nieto, empleada en la escuela-taller La Besana, además de familiares de varios concejales de su partido que trabajan en el ayuntamiento o la mancomunidad.

Nieto negó las acusaciones y explicó que existe una comisión mixta integrada por responsables del Sexpe y del ayuntamiento que establece unos criterios claros que se han cumplido rigurosamente. Fue más lejos y explicó que durante el corto mandato del gobierno de coalición de EU y el PP se contrató como jardinera a la hermana del actual concejal de la oposición, Emilio Murillo.

Fue precisamente Murillo quien denunció el rápido ascenso del alguacil Luis Molano a policía sin convocatoria pública, circunstancia que niega el alcalde amparándose en un decreto de la Junta de Extremadura que establece la posibilidad de que pasase a ser auxiliar. Posteriormente, según Nieto, se hizo una convocatoria restringida para el puesto de policía local.

Luciano Borrego, que fue alcalde de mayo a octubre de 2003, fecha en la que una moción de censura acabó con su mandato, denunció que un vehículo Citroen C15 del ayuntamiento estuvo varios meses circulando sin seguro obligatorio. Este hecho se descubrió en enero, cuando resultó implicado en un accidente y la compañía que se indicó en el parte del siniestro certificó que carecía de seguro.

"Creo que tenía propuesta de seguro, aunque no el seguro en sí", reconoció Nieto, quien dijo que en la actualidad el vehículo accidentado ya está asegurado.

POLEMICO VIAJE A CUBA Pero el asunto que más escandaliza a la oposición, que va de la mano en sus reivindicaciones del Colectivo Independiente por los Intereses de Alcuéscar, es el polémico viaje a Cuba realizado por un concejal y una empleada municipal. Según Pedro Romo, del colectivo vecinal, el concejal Lorenzo Mariano Juárez viajó a La Habana junto a la técnica en drogodependencias para llevar 20 cuadernos, 20 cajas de ceras, 36 lápices, 20 sacapuntas, 20 gomas de borrar, 10 cuentos y 30 bolígrafos. Romo critica que se gastaron "4.200 euros para llevar un paquete", que la compra de material se aprobó cuando llevaban tres días en Cuba y que la acompañante es hija de un concejal socialista. Además, según su opinión, el concejal dimitió a su regreso del viaje "por el escándalo suscitado", con lo que evitó dar explicaciones al pleno y justificar el gasto.

Nieto justificó el viaje en la necesidad de comprobar si el dinero aportado al Centro Infantil Los Martianitos era bien empleado, por lo que se aprovechó un congreso en La Habana. Negó que el concejal dimitiera por el viaje y aseguró que el dinero está justificado en intervención, aunque no se ha podido presentar a la oposición por encontrarse de baja la secretaria municipal. El alcalde no concretó el importe exacto de esta partida y dijo que el edil dimitido siempre ha realizado proyectos solidarios.

La oposición también criticó el "caos económico municipal" y el hecho de que, para favorecer a la tránsfuga María Rey, no liberada, los concejales perciban más por comisión (120 euros) que por pleno (30 euros). Esto hace posible que María Rey perciba más de 6.000 euros anuales, a diferencia de los concejales de la oposición, que cobran 120 euros al año, pues sólo hay cuatro plenos. Según la oposición y el colectivo independiente, esto demuestra las vueltas que da el PSOE para favorecer a la tránsfuga que les mantiene en la alcaldía. Las comisiones, antes quincenales, tras la moción de censura son semanales, hecho que justifica el alcalde en la necesidad de no retrasar licencias de obras. Mientras la oposición, salvo el PP, habla de persecución, María Rey replica que la auténtica perseguida es ella y su familia, y el alcalde afirma que tendrán que demostrar las acusaciones realizadas.