El Gobierno central ha mostrado su rechazo a "cualquier agresión" a la libertad de expresión, tras ser preguntado en el Congreso de los Diputados por el caso de la ecologista Paca Blanco, quien en noviembre del año pasado denunció ante la Guardia Civil que le habían colocado unos objetos incendiarios en el tubo de ventilación del calentador de su vivienda, en El Gordo (Cáceres), con el consiguiente riesgo de explosión.

En una respuesta parlamentaria a una pregunta formulada en diciembre de 2007 por el diputado Joan Herrera (IU-ICV), que recoge Europa Press, el Ejecutivo precisa que las denuncias de la ecologista "han dado lugar a las investigaciones correspondientes, si bien las gestiones realizadas para identificar a los presuntos autores han dado resultados negativos de momento".

Paca Blanco, coordinadora del grupo Ecologistas en Acción en la comarca de Campo Arañuelo, relacionó en su día este ataque --uno de los objetos incendiarios acabó estallando junto a una bombona de gas butano-- con el rechazo de su asociación a un proyecto de urbanización en la zona, en concreto el de Marina Isla de Valdecañas, obra declarada de Interés Regional por la Junta de Extremadura.