El alcalde de Guijo de Santa Bárbara, Francisco Bernardo, y la alcaldesa de Collado de la Vera, Montserrat Fernández, dirigen un escrito a todos los alcaldes de España, así como a diferentes administraciones relacionadas con el tema, “en defensa de la dignidad de los concejales de municipios de menos de mil habitantes”.

Ambos regidores señalan, “a la vista del anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, o sea la reforma de la Ley de Régimen Local, coloca a los concejales y alcaldes de los municipios de menos de mil habitantes en la categoría número once, esto es, fuera de categoría y les deja sin posibilidad de retribución por el ejercicio de su cargo”, por lo que consideran que, “así como una persona no es más lista por ser nombrada ministro, tampoco lo es por ser alcalde de un municipio de gran población; tampoco un alcalde de un municipio de menos de mil habitantes tiene menos dignidad que uno de un municipio de más población”.

También estiman que las familias de los alcaldes de menos de mil habitantes tienen, “si no más, las mismas necesidades económicas que las de los alcaldes de municipios mayores”. Además estiman que se desprecia la labor de todos los alcaldes de municipios pequeños, “que están todo el día al pie del cañón, que no disponen de colaboradores, que tienen que contribuir con sus conocimientos y con sus propias manos a la realización de las múltiples actividades que se llevan a cabo en sus municipio, que de otra forma no se podrían realizar. No así los alcaldes de pueblos grandes y ciudades que con hacer “chas” aparecen a su lado asesores, técnicos y demás trabajadores para resolverles las labores diarias”.

Por otra parte, aseguran que “en muchos de nuestros municipios menores de mil habitantes, esos que esta norma trata con tan poca consideración, sólo se cuenta con uno o dos trabajadores y que, si no fuera por la labor abnegada de los concejales, que dicho sea de paso, son muy pocos los que tienen retribución con cargo al ayuntamiento, que echan una mano para todo, muchas cosas se dejarían sin hacer”.

Más adelante consideran en su escrito que aquéllos alcaldes que, siendo trabajadores o funcionarios de su ayuntamiento, fueron elegidos y optaron por la alcaldía, ya no podrán hacerlo porque en ese caso su familia no podrá comer. Así mismo aseveran que “a las personas no se les puede medir en función de la población del municipio en que viven y para que no se nos quite, vía Decreto o Ley, lo que hemos conseguido en buena lid en las urnas”, teniendo en cuenta que ni la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), ni sus federaciones provinciales o regionales (Fempex), ni tampoco los representantes de los dos partidos mayoritarios en España, PSOE y PP han ejercido la labor que tienen encomendada de defensa de los intereses de sus afiliados, de los que somos una gran mayoría los alcaldes, concejales y militantes de los municipios de menos de mil habitantes”, teniendo en cuenta, que si “nosotros no nos movemos y nos agrupamos en defensa de nuestra dignidad, nadie lo va a hacer”, invitan al resto de regidores y concejales que se encuentran en la situación descrita “a que toméis en vuestras respectivas corporaciones la decisión de daros de baja en la Femp o Fempex y en vuestras agrupaciones que propongáis también la baja en la afiliación a PSOE y PP”.

En cuanto a los concejales y alcaldes “de municipios pequeños, aunque de población superior a mil habitantes, a que se que se unan con nosotros en defensa de nuestra dignidad ya que, si esto sigue así, ellos serán las víctimas siguientes”.

Por último, el escrito al que ha tenido acceso este diario concluye con un ruego, encaminado a que “difundáis este mensaje lo máximo posible, entre vuestros vecinos, medios de comunicación y compañeros alcaldes”.