Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al puesto de Almaraz han llevado a cabo una nueva actuación contra el tráfico ilícito de hoja seca de tabaco, en la cual han conseguido aprehender 24 fardos de este producto, en total 620 kilogramos de hoja seca de tabaco valorados en 43.000 euros.

Por estos hechos, los agentes han investigado a un varón de 48 años de edad, vecino de Badajoz, como supuesto autor de un delito de contrabando.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 23 de agosto, dentro de las actuaciones puestas en marcha por la Comandancia de Cáceres para erradicar el tráfico ilegal de hoja seca de tabaco, cuando la Guardia Civil interceptó en la Autovía A-5, una furgoneta que se dirigía a Badajoz cargada con "gran" cantidad de fardos de hoja seca de tabaco, los cuales eran transportados sin documentación alguna que amparara su transporte y, por tanto, "fuera de los cauces legales" para ello.

La Guardia Civil intervino todos los paquetes de hojas de tabaco, que tras ser pesados arrojaron un peso de 620 kilogramos, con una valoración económica de 43.000 euros, hecho tras el cual los agentes investigaron al conductor del vehículo, un vecino de Badajoz, de 48 años de edad, por un supuesto delito contra la Ley de Contrabando.

Las diligencias instruidas, junto con el producto intervenido, han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Navalmoral de la Mata.

Esta intervención, se suma a las realizadas durante el transcurso del pasado año 2018, en el que la Guardia Civil de Cáceres intervino en la provincia, cerca de 9.000 kilogramos de hoja seca de tabaco, valorados en 1.120.000 euros.

Al respecto, la Guardia Civil subraya que va a continuar trabajando de forma intensa, para evitar que este tipo de tabaco llegue al consumidor, al tratarse de un producto carente de cualquier control y que puede causar un "grave perjuicio" añadido para la salud, al tratarse de hojas de tabaco que pudieran contener sustancias peligrosas para su consumo al no haber sido tratado en las plantas de transformación, además de causar "graves perjuicios" al sector y a la Hacienda Pública.