Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han detenido a ocho personas de Coria y a otra de Losar de la Vera por un presunto delito urbanístico al construir en suelo no urbanizable de especial protección agrícola, según confirmó ayer el Ministerio del Interior. En el caso de Coria, las edificaciones afectadas están en zona de protección del cauce del río Alagón y las detenciones se realizaron el pasado 21 de febrero tras una investigación que se inició en diciembre del 2006 después de que se detectara creación de un núcleo de población integrado por cinco edificaciones del tipo vivienda unifamiliar.
Tras tener conocimiento de la supuesta actuación clandestina, según las mismas fuentes, se creó un grupo mixto integrado por agentes del Seprona de Cáceres y de Valverde del Fresno que, tras la obtención de pruebas documentales y testificales, procedieron a la detención de los autores en su condición de promotores y constructores de un total de cinco edificios destinados a residencia en suelo reservado únicamente para el cultivo de regadío u otros usos o aprovechamientos agrícolas.
El proceso edificatorio se había ejecutado en parcelas resultantes de la segregación ilegal de una finca rústica de cinco hectáreas de extensión, de titularidad privada y dividida en 41 lotes con superficies que oscilaban entre los 800 y 1.500 metros cuadrados y sin que "ninguna de aquellas parcelas la superficie mínima de 2,5 hectáreas establecida en las Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento del Ayuntamiento de Coria, contraviniendo además la normativa vigente en materia de suelo", según informó el ministerio.
Todos los edificios están emplazados dentro de la zona inundable del cauce río Alagón y, por tanto, invaden la zona de protección del cauce fluvial considerado un bien de dominio público. Asimismo, uno de los inmuebles irrumpe el trazado de una vía pecuaria que discurre por las inmediaciones de las parcelas donde se levanta la construcción.
A los autores materiales de estos hechos, tanto promotores como constructores, se les atribuye la comisión de un supuesto delito urbanístico contemplado en el artículo 319 del vigente Código Penal sobre la Ordenación del Territorio.
1.426 denuncias en 5 añosEn los cinco últimos años el Seprona ha interpuesto en la provincia de Cáceres 1.426 denuncias por supuestas infracciones en ordenación del territorio. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
