El sector olivarero de la zona noroeste de la provincia de Cáceres esta muy indignado, dado que el pasado 20 de diciembre se aprobó en Madrid la reforma de la OCM del olivar, que de una forma clara y evidente favorece a los andaluces.

Vivimos en una zona donde se cultiva principalmente el olivo, con una producción media de 3.000 kilos por hectárea, es decir, de baja producción. Estos se sitúan en sierra sobre bancales que en muchos casos impiden las labores de labranza y recogida mecanizadas, lo que implica un incremento a la hora de valorar lo que cuesta el mantenimiento de una hectárea de olivar.

Por otra parte, creemos por motivos económicos, sociales, medioambientales y culturales, que el olivo debe mantenerse y la distribución de las ayudas debe ser equilibrada. La reforma de la OCM tiene en sus manos el futuro de la zona norte de Cáceres.

Nos sentimos, una vez más, decepcionados con una negociación donde teníamos puestas todas las esperanzas de poder continuar con el cultivo del olivo con el que hasta ahora hemos podido sobrevivir, pero que desgraciadamente con la aprobación de la reforma de este cultivo se ve obligado a ser abandonado, y al no haber otro alternativo, gran parte de la población se vería abocada a emigrar, llegando incluso al sector servicios pues con este abandono disminuyen también los ingresos para todos.

El consejero de Agricultura se reunió en Mérida el pasado 10 de enero con el Consejo Rector de la Cooperativa de 2º Grado Acenorca y entre otros puntos se abordó el tema de la OCM. José Luis Quintana pidió calma al sector, ya que estaba negociando con el Ministerio de Agricultura para que el olivarero extremeño pudiera cobrar un mínimo de 300 euros por hectáreas.

Los miembros del consejo manifestamos que las más de 4.000 familias que representamos querían una respuesta a esta situación que hasta ahora es incierta, dado que aparte de lo que en un principio se aprobó en Madrid nada hay seguro.

También exigimos que el dinero adicional que vayan a recibir los olivareros se metan en una partida presupuestaria de donde no pueda salir mientras la subvención no se modifique, es decir que este dinero no dependa de la voluntad del gobierno que toque en ese momento.