El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, que hoy presta declaración en sede judicial por las edificaciones ilegales de la sierra de Santa Bárbara, ha asegurado que acude "con la tranquilidad de haber hecho bien las cosas, al menos desde que el PP llegó al Gobierno local en 2011".

Pizarro ha acudido esta mañana a declarar en calidad de investigado ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de la ciudad por un presunto delito de prevaricación administrativa por construcciones ilegales en la Sierra de Santa Bárbara de la capital del Jerte.

Momentos antes, el primer edil ha manifestado, en declaraciones a los periodistas, que acude "especialmente tranquilo, sobre todo cuando uno es consciente de que se han hecho las cosas bien, al menos desde que nosotros entramos en el Gobierno local en el 2011".

"Actuamos con mucha responsabilidad, no solo yo como garante de la legalidad por ser el alcalde, sino el conjunto de las personas que forman parte de este proceso, entre ellos los funcionarios públicos, de ahí que lo afronto con tranquilidad", ha afirmado.

De igual forma, ha reiterado que es necesario enmarcar este procedimiento "dentro de la normalidad, porque hubo una denuncia en el mes de febrero que viene del entorno de la diputada regional de Ciudadanos, Victoria Domínguez, ya que la interpuso la cuñada del edil de Ciudadanos de Plasencia, Juan Carlos Hernández".

"En aquel momento, Domínguez declaraba en un proceso judicial que tenía que ver con este mismo asunto y ellos urden esta estrategia para que los titulares no sean solo ella, sino también yo", ha agregado.

De igual forma, ha insistido en que llegado este momento "casi agradezco que esto suceda, pues nos va a permitir demostrar que hicimos lo que teníamos que hacer y siempre en virtud de lo que dicta la ley".

Por último, Pizarro ha aprovechado para anunciar que ha firmado un decreto para que el Ayuntamiento de Plasencia esté personado en la causa "para defender así los intereses de la Administración local", ha dicho.

TRAS LA DECLARACIÓN

Al término de su declaración, que ha durado alrededor de una hora y quince minutos, el primer edil ha explicado que si entraba tranquilo sale "especialmente tranquilo", porque ha tenido la oportunidad de poder contar lo que su Gobierno ha hecho a largo de casi ocho años en materia de disciplina urbanística.

"Este ámbito no es la mayor alegría de lo que uno puede hacer como alcalde, pero aún así nosotros somos garantes de la ley y tenemos que cumplirla y hacerla cumplir y por esa razón he explicado en mi declaración que desde el año 2011 se empezaron a ejecutar todos los expedientes de disciplina urbanística de los que teníamos conocimiento", ha apuntado.

Pizarro ha indicado que, tal y como ha explicado ante la jueza, la Oficina de Disciplina Urbanística local, creada durante su mandato, tiene abiertos 106 expedientes, entre ellos los 18 de Santa Bárbara, "por los cuales a mí me denuncia la cuñada del edil de Ciudadanos de Plasencia y estando detrás la diputada regional de Ciudadanos, Victoria Domínguez", ha apuntado.

"A mi me han denunciando porque dicen que no he hecho nada entre 2011 y 2018 y aquí está la prueba de que desde el 2011 lleva habiendo actuaciones de disciplina urbanística por parte del ayuntamiento", ha aseverado. En este sentido, ha asegurado que ha podido demostrar que desde que su Gobierno tiene conocimiento en 2015 de la existencia de esas 18 viviendas ilegales construidas en Santa Bárbara, se iniciaron los expedientes correspondientes de disciplina urbanística en todos los casos.

Preguntado por qué no se ha demolido ninguna de estas edificaciones, Pizarro ha subrayado que cuando los expedientes se inician, los propietarios tienen la posibilidad de pararlos con recursos ante el Ayuntamiento y el Juzgado, como ha ocurrido en este caso concreto, en el que los afectados que recurrieron ante la justicia ordinaria han visto paralizados sus expedientes de manera cautelar.

Además, ha hecho hincapié en que existe una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en la que señala que la obligación de derribar las casas situadas en suelo con protección paisajística ha prescrito en los casos en los que hayan transcurrido más de cuatro años desde su construcción.

El alcalde ha insistido en que tanto él como su equipo de Gobierno han actuado conforme a la ley y ha aseverado que Plasencia es la ciudad extremeña que más expedientes urbanísticos tiene abiertos.