El presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), Fernando Pizarro, aseguró ayer en declaraciones a la agencia Efe que la inhabilitación de la corporación de Losar de la Vera de 2005 por prevaricación administrativa es "ejemplarizante" para el resto de ayuntamientos.

La Audiencia de Cáceres ha confirmado ahora la sentencia del Juzgado de lo Penal de Plasencia en la que condena a la corporación del Ayuntamiento de Losar de la Vera de 2005, entre cuyos componentes se encuentra el actual alcalde, Juan Antonio Martín Serrano, que entonces era concejal del PSOE, a la inhabilitación de entre 7 y 8 años y medio por un delito de prevaricación, debido a que permitieron, indica la sentencia firme de la Audiencia de Cáceres del 10 de mayo, mantener la actividad de una "discoteca ilegal" a pesar de que la consejería de Medio Ambiente había ordenado su cierre en marzo del 2004.

En este sentido, el máximo representante del municipalismo extremeño destacó que esta sentencia pone de manifiesto el hecho de que los responsables políticos "tienen que tener un cuidado especial en las decisiones que toman". Así, Pizarro subrayó que cuando se toman decisiones que van en contra de la norma, "lo normal" es que el juez dicte una sentencia como la que afecta a la Corporación de Losar de la Vera. A su juicio, se trata de una sentencia "ejemplarizante" en la medida que "pone de manifiesto que a la hora de tomar decisiones que parece que no tienen ninguna trascendencia luego la tienen".

Además añadió que "ahora vemos cómo en Losar de la Vera, a mitad de legislatura se plantea la inhabilitación de parte de la Corporación con todo lo que de negativo para los intereses de los ciudadanos tiene esta circunstancia", aseveró.

Por otra parte el edil del Partido Popular de Losar de la Vera, Anibal Sánchez, confirmó ayer a este diario que tanto él como su compañera de militancia en las filas populares, Manuela Incera, "hemos pedido la baja en el partido", tal y como recogen los estatutos, del mismo. Sin embargo, por ahora mantendrán el acta de concejales, que obtuvieron en los comicios de 2011, hasta que se resuelva definitivamente, el escrito suplicatorio de paralización de ejecución de la sentencia y el indulto solicitado para los ediles afectados por la sentencia que contempla condenas que oscilan entre los siete y los ocho años y medio de inhabilitación para cargo público.