Citar a un vecino en el juzgado para "darle de hostias" puede costar caro al juez de paz de Salvatierra de Santiago. Según publica el diario La Razón el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto un expediente disciplinario y ha impuesto una sanción de 1.000 euros al responsable de administrar la justicia en esta localidad cacereña por una "falta grave de abuso de poder" por realizar tal emplazamiento a un convecino.

El sancionado en cuestión es Jonás Martín, quien aseguró a EL PERIODICO que, de momento, no le ha llegado comunicación alguna de que el CGPJ se haya pronunciado sobre su expediente. "Yo no digo que no se haya pronunciado, pero me pregunto cómo ha llegado antes a los medios que a mí", dijo.

El origen de esta cuestión se remonta a una discusión protagonizada por Martín y uno de sus vecinos, Miguel Angel Corrales Ramiro. Este último interpuso una denuncia contra el juez de paz, que fue obligado a pagar 90 euros.

Según Jonás Martín, en la denuncia se argumentaba que el juez de paz había citado al vecino para "darle de hostias" en el juzgado, aunque él niega haber pronunciado tales palabras. No es de la misma opinión Corrales quien, se reafirma en su declaración y asegura que tiene "testigos" de la citada amenaza por parte del juez de paz, como quedó probado en el juicio en el que este último fue condenado por amenazas e injurias.

Este altercado dio lugar a que este vecino y otro, Benito Núñez, que según relata, también tiene una sentencia a su favor por haber recibido amenazas de Martín, decidiesen pedir al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el cese del juez de paz por no considerarlo una persona "idónea" para el cargo. Y de ahí, se remitió al CGPJ.

Distintos pareceres

Por su parte, el juez de paz asegura que lo que ocurrió en realidad es que "para darle consistencia a la denuncia aparece la fracesita --que le iba a citar en el juzgado para darle de hostias-- , pero que cree "que todo estaba estudiado, porque al final es un problema político". Y es que Jonás Martín culpa al PSOE --en la oposición en el Ayuntamiento de Salvatierra de Santiago, a cuyo frente está su esposa, del PP-- de la situación en la que se ha visto envuelto. "No sólo lo creo, sino que lo afirmo: son guerras políticas".

Denuncias cruzadas

Se da la circunstancia de que Benito Muñoz es concejal del PSOE en la localidad, pero éste niega que acudiese al TSJEx en calidad de tal, sino que lo hizo como ciudadano y rechaza que exista cualquier tipo de interés político. "La única cuestión es que ha sido un bravucón, con todos mis respetos, y ha intentado siempre llevar la justicia como ha querido, y no estoy dispuesto a aguantarlo".

Pero Jonás Martín añade que con todo esto sólo se busca su "desprestigio" y el de su esposa por pertenecer al PP.

La cosa va más allá, pues el juez de paz interpuso una denuncia --que tramita el juzgado número 4 de Cáceres-- por incendiar una nave agrícola de Martín y su esposa, "causando daños valorados en 18.000 euros y por dejar amenazas de muerte por teléfono", según Martín. Aunque, según Corrales y Muñoz, esa demanda ha sido sobreseída.

El juez de paz insistió en que no tiene constancia de que el CGPJ haya adoptado una resolución y le haya multado con 1.000 euros y dijo que, una vez que la conozca "decidiré si la recurro o pago. Aunque a lo mejor no me defiendo porque quiero que el tema acabe y si recurro resulta que dentro de medio año vamos a volver a salir en los medios de comunicación, que es lo que quieren --el PSOE--: publicidad".

Por su parte, los otros dos vecinos afirman que seguirán solicitando por vías legales que deje de administrar la justicia en Salvatierra de Santiago.