El teniente de alcalde de Almaraz, Tomás Retamosa, prestó declaración ayer en los juzgados de Navalmoral de la Mata como imputado en un caso de prevaricación y tráfico de influencias, delitos presuntamente cometidos en el ejercicio de su cargo, según comunicaron a Efe fuentes cercanas al caso. Retamosa, acudió a los juzgados acompañado por la alcaldesa de Almaraz, Sabina Hernández, al ser admitida a trámite la querella presentada hace dos meses por el grupo socialista de Almaraz por la supuesta comisión de delitos en la concesión de la licencia de inicio de actividad de la Planta de Tratamiento de Subproductos Animales de la localidad.
En el interrogatorio, Retamosa ha negado que representante legal alguno de la empresa que gestiona la planta le pidiera que intercediera ante la alcaldesa para regularizar la situación de estas instalaciones.
Sin embargo, Antonio Luis Díez, abogado de la acusación, señaló que Retamosa concedió la licencia de inicio de la actividad a la empresa Tratamientos de Almaraz S. L. sin que la instalación cumpliera la normativa y teniendo un vínculo laboral con dicha empresa. Según explicó el representante legal de los socialistas, Retamosa tiene nómina actualmente con la citada empresa a pesar de que cobra más de 20.000 euros anuales del ayuntamiento almaraceño en calidad de concejal liberado en régimen de dedicación exclusiva.
TAMBIEN LA ALCALDESA Tras la declaración de Retamosa, Díez indicó que el teniente alcalde "ha aportado una serie de hechos nuevos que entendemos que son trascendentes y ya le hemos pedido a su señoría que vamos a hacer una ampliación de la querella a la alcaldesa, porque consideramos que existe también un presunto delito de prevaricación por parte de ella, por su conducta omisiva". El abogado de la acusación sostiene que Retamosa concedió la licencia haciendo caso omiso de la normativa, bastante exigente al tratarse de una instalación contaminante.
Por su parte, Tomás Retamosa aseguró que la autorización concedida era para hacer pruebas, pero Díez explica que este tipo de actividades no está sujeta a ningún tipo de pruebas, ya que hay que cumplir de antemano una normativa muy estricta.
Retamosa, fue condenado hace meses a dos años de prisión por cometer un delito continuado de estafa y otro de falsificación de documento mercantil en el ejercicio de su labor empresarial.
