La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) ha condenado al Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera por, según la resolución judicial, el acoso laboral y moral, conocido como mobbing en el trabajo, al que fue sometida por parte del alcalde, José Agustín Tovar, y la primera teniente de Alcalde, Sonia Arjona Bello, la letrada y asesora jurídica del citado consistorio, Olga Arjona García, al incorporarse a su puesto de trabajo, después de una baja maternal.
El alto tribunal extremeño ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el consistorio de Jaraíz contra otra sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Cáceres, de fecha de 12 de noviembre de 2008. El TSJEX ha confirmado "en su integridad" la disposición del juzgado cacereño, "imponiendo al apelante las costas procesales causadas".
La sentencia del Juzgado número dos, ahora ratificada por el TSJEX, declara "la existencia de vulneración" de los derechos fundamentales de la funcionaria, "recogidos en los artículos 14, 15 y 18.1 de la Constitución Española", por lo que condena al Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera "al cese de la situación de acoso moral a la cual ha sido sometida", debiendo indemnizar a la funcionaria recurrente "por los daños morales sufridos, en la cantidad de cinco mil euros".
El TSJEX reconoce que "la fuerza probatoria de los documentos y de las testificales son concluyentes de la situación de acoso, como entendió el juez de instancia, al darle la relevancia probatoria que se merece".
El inicio del acoso laboral se remonta a octubre de 2007, mes en el que la funcionaria, Olga Arjona, se incorporó a su puesto.
DIMISION A raíz de la publicación de la sentencia del TSJEX, la Plataforma Socialista Democrática Extremeña (PSDEX), que tiene dos concejales en el ayuntamiento de Jaraíz, pidió el jueves por la noche, en una comparecencia pública de su portavoz, Victoriano Macías, "la dimisión inmediata del alcalde y de la teniente de alcalde", además de que "sean ellos, no los jaraiceños, quienes paguen de sus bolsillos los gastos de las costas procesales". En este sentido señaló que el alcalde contrató los servicios del "famoso abogado, García Montes".
Macías destacó que la sentencia no recoge "ningún pronunciamiento parcial sobre la actuación de acoso moral, perpetrada por el alcalde y la primera teniente de alcalde". Además, en referencia a Sonia Arjona, la PSDEX señala en una nota entregada a los periodistas que "es incongruente" que ésta última ostente "la concejalía de personal, pese a existir una sentencia judicial definitiva, donde se la califica de acosadora".
El edil rogó a los órganos provinciales y regionales del PP, al que pertenencen Tovar y Sonia Arjona, que exijan a éstos que dimitan y entreguen sus respectivas actas de concejales.
Por su parte, el alcalde, José Agustín Tovar, declinó a mediodía de ayer pronunciarse sobre este tema. No obstante, a preguntas de este diario, adelantó que lo hará en los próximos días.
