La secretaria general de la Federación Agroalimentaria de UGT en Extremadura, Raquel López, denuncia la situación de hacinamiento en que se encuentran cerca de 500 temporeros en el Valle del Jerte, que han acudido a la campaña de la cereza y que tienen pocas posibilidades de encontrar trabajo debido a que se prevé una menor producción.
Según recoge la agencia Efe, López afirma que tras visitar las localidades de Navaconcejo, Jerte y Cabezuela del Valle, cerca de 500 inmigrantes, en su mayoría de nacionalidad rumana, se encuentran en una situación "muy delicada".
En este sentido, advierte a las administraciones competentes que deben adoptar "ya" medidas correctoras para solucionar los problemas de alojamiento y de falta de expectativas laborales por el retraso de la campaña de la cereza.
La sindicalista critica la "deficiente" situación sanitaria en la que se encuentran muchos niños, "que en muchos casos tienen un plástico por tejado en una especia de chabola".
Por su parte, la secretaria de Migraciones e Igualdad de UGT en Extremadura, Gloria López, informa de que en la región se contabilizaron cerca de 35.000 trabajadores inmigrantes en 2009, cifra que ha ascendido a 38.000 en el presente ejercicio.
El secretario estatal de Migraciones de FTA-UGT, Jesús Acasuso, lamenta las condiciones en que se hallan estos temporeros de la cereza, muchos de los cuales se han desplazado desde Huelva tras finalizar la campaña de la fresa, "y no van a poder encontrar trabajo porque la producción será un 30 por ciento menor que en 2009".
Acasuso acusa a la Dirección General de Inmigración del Ministerio de Trabajo de "pasividad", y ha aseverado que la Comisión del Flujo Migratorio "debería planificar y prevenir ciertos aspectos de determinadas campañas de recolección de fruta, pero ni siquiera ha sido capaz de encontrar interlocutores válidos".
En su opinión, esta situación de los asentamientos en condiciones "infrahumanas" se repite todos los años, "con poblados llenos de chabolas, tiendas de campaña o lonas y plásticos, cuando el convenio del sector estipula que el empresario está obligado a facilitar un alojamiento digno a los trabajadores".
"El problema es que los empresarios necesitan ayudas de la Administración pública, porque en este momento, como todavía no ha empezado la campaña, tampoco tienen esa obligación de facilitar ese alojamiento, pero mientras tanto los temporeros sobreviven en condiciones lamentables".
A su juicio, "tampoco se puede hablar de maltrato laboral, porque todavía no están trabajando, pero hay que denunciar el 'efecto llamada', porque a la hora de la verdad, los trabajadores inmigrantes estarán ahí, sin que haya trabajo para todos".
