La Junta de Extremadura informó ayer que el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara no ha realizado ninguna consulta a la Consejería de Desarrollo Rural sobre la catalogación o descatalogación de caminos en su término municipal.
El ejecutivo regional advirtió al alcalde de este municipio, José Manuel Acuña, que el único acuerdo válido que se tendrá en cuenta será el del pleno por el que se aprobó de forma definitiva el catálogo oficial de caminos, que fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres el pasado 20 de septiembre.
La Junta de Extremadura aclara al alcalde que no hay posibilidad de marcha atrás, y que todas las decisiones posteriores "tomadas por la junta de gobierno local no tienen ninguna validez administrativa, ya que es el pleno el único órgano que puede modificar sus propios acuerdos". De este modo, los caminos que atraviesan las fincas Los Zamores y San Ignacio, propiedad del ex presidente de Iberdrola, Iñigo de Oriol, continuarán siendo públicos, como desea el Gobierno regional, y no privados, tal y como pretendía el ayuntamiento. Según ha sabido EL PERIODICO, de haber prosperado la decisión del ayuntamiento habría favorecido especialmente a Iñigo de Oriol, ya que habrían pasado a sus manos al menos siete caminos públicos en estas dos fincas de caza que suman unas 2.000 hectáreas de superficie.
Pero no fue la única reacción que se produjo ayer a las palabras de José Manuel Acuña. La empresa adjudicataria de los trabajos de catalogación, Fomex, dijo que "ha seguido rigurosamente la metodología" para la elaboración del Catálogo de Caminos Rurales de Extremadura, y culpó al ayuntamiento de la existencia de cualquier error, pues fue el que "reconoció como favorables los trabajos aprobados inicialmente en el pleno".
Según la empresa, se colaboró estrechamente con el guarda rural, Fernando Silveiro y se contrastó la información "con diferentes fuentes documentales y cartográficas" y el Instituto Geográfico y Catastral de 1898, "única referencia legítima sobre la titularidad de los caminos públicos". Asimismo se hizo un recorrido por los caminos y sutrazado fue capturado con un GPS de precesión submétrica, elaborándose la cartografía, que fue remitida al ayuntamiento, que dio su aprobación.
El Ayuntamiento validó el plano y fue remitido a la Consejería de Desarrollo Rural, que designó un técnico supervisor para contrastar la información con el ayuntamiento. El trabajo final fue sometido a exposición pública y aprobado en un pleno. La empresa insistió en que "la responsabilidad última sobre la denominación y traza de los caminos públicos es del ayuntamiento" y consideró contradictorio que después de tan largo proceso "se pretenda eliminar una serie de caminos de los que ha quedado demostrada su titularidad pública".
