Acudió a una consulta del servicio de vacunación internacional para informarse de los pasos que debía seguir por un viaje al extranjero que tenía planeado en unos meses. Allí el médico que le atendió accedió al historial clínico de este cacereño, que casualmente acababa de realizarse una analítica como seguimiento a una anemia que le había sido diagnosticada. Al ver los resultados de los análisis el doctor comprobó que había dado positivo en sida.

Nunca antes se le había diagnosticado esta enfermedad ni se había expuesto a factores de riesgo para contraer el virus del VIH, ya que no ha recibido transfusiones de sangre, no tiene tatuajes, no es consumidor de drogas y posee una pareja estable. Aquella noticia fue «un mazazo» tanto para él como para su familia.

Ese mismo día acudió a su médico de Atención Primaria, esperando que alguien le ofreciera una explicación coherente, pero el doctor le remitió al servicio de Medicina Interna del hospital San Pedro de Alcántara, donde se tratan las enfermedades infecciosas. Le dieron cita para una semana después.

Cuando el especialista analizó su historial clínico ordenó de inmediato que se realizara un nuevo análisis, ante sus sospechas de que se trataba de un falso positivo. «El médico se enfadó muchísimo y le dijo que nunca se le debería haber remitido a la consulta de enfermedades infecciosas, ya que está establecido que el laboratorio, ante un positivo de VIH, tiene que hacer de manera inmediata la prueba confirmatoria antes de colgar el resultado de los análisis en el sistema», señala el abogado que defiende a este cacereño, Daniel López.

El nuevo análisis de sangre se lo hizo aquella misma mañana, dándole los resultados en unas horas. Salió negativo, por lo que pudo respirar tranquilo a pesar de que el susto ya se lo había llevado.

No es la primera vez que se da un caso parecido, hace unos meses otro cacereño estuvo un mes pensado que padecía sida. «Entendemos que deberían estrecharse los controles dentro del laboratorio, para asegurarse de que se actúa de la manera establecida porque en ambos casos se trata de usuarios que se realizaron otro tipo de pruebas y que se vieron arrastrados a una situación sumamente desagradable que ninguna indemnización económica puede restablecer», indica el letrado. E insiste en que «nunca» se le advirtió ni si quiera de que pudiera tratarse de un falso positivo.

Esta situación, añade, le ha provocado problemas familiares: «Generó que su esposa perdiera su confianza en él, al entender que esa enfermedad había sido adquirida mediante relaciones sexuales con terceros», afirma el abogado. Por todo ello ha presentado un procedimiento de responsabilidad patrimonial por el que reclama una indemnización de 10.000 euros por los daños personales causados.

Por su parte el Servicio Extremeño de Salud asegura que en el servicio de atención al usuario «no consta reclamación alguna» por este asunto.