No quieren que el Centro de Rehabilitación Psicosocial de Plasencia pase de una gestión pública a una gestión privada y, para visibilizar su oposición a los planteamientos manifestados por la Consejería de Sanidad públicamente, los trabajadores de este espacio se han concentrado este martes en la plaza Mayor de Plasencia, junto a algunos usuarios y familiares, el alcalde y varios concejales del gobierno y la oposición del ayuntamiento.

“Lo primero que queremos es que no se privatice”, ha afirmado María Ángeles Monroy, psicóloga clínica del centro. Tanto ella como Santiago Clemente, auxiliar administrativo, han defendido que, desde que el servicio comenzó a funcionar en el año 2000, “ha quedado demostrado que el modelo de gestión pública funciona”.

Además, han subrayado que “no cuesta más, más bien al contrario y damos una atención igual de buena” que el resto de CRPS de la región, de gestión privada. Por eso, afirman no entender por qué la Junta quiere cambiar el modelo de gestión.

Hasta ahora, lo ha venido cofinanciando junto con el ayuntamiento, pero Sanidad ya ha manifestado, a preguntas de este medio a raíz de la disminución de la subvención planteada en los presupuestos del próximo año, que se ha decidido una “modificación en la forma de contratación, que pasará de subvención a contrato”.

Los trabajadores se quejan no obstante de que esta información no se les ha facilitado a ellos. De hecho, afirman que se encuentran en “una incertidumbre absoluta. Ayer volvimos a preguntar a la Subdirección de Salud Mental y lo que nos dicen es que no hay nada definido y están estudiando vías de financiación, nada más”.

Afirman que han realizado llamadas, enviado escritos, pedido citas y “este silencio no procede, cuanto menos, es una falta de respeto. Tenemos un contacto semanal con Salud Mental, ya podían haberse sentado con nosotros”, reprocha la psicóloga.

Su futuro

Una de las cuestiones que les preocupan es su futuro. La plantilla está formada por 10 trabajadores, 9 actualmente porque una plaza está en proceso de cubrirse. El trámite lo lleva el ayuntamiento, que es quien paga las nóminas del personal porque están considerados como trabajadores municipales. Por eso, no saben qué pasará con ellos si se privatiza la gestión del centro. “No sabemos nada, que nos digan en qué situación estamos y qué situación plantean para el personal”. Según Sanidad, “la subrogación es obligatoria por el artículo 27 del XV convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad”, pero esto es algo que tampoco se les ha comunicado.

Usuarios

También consideran que el cambio afectará a los usuarios, 55 actualmente, tanto por el hecho de que tendrían que trasladarse de ubicación, ya que ahora ocupan un espacio municipal, como por la hipotética sustitución de la plantilla. “Estas personas necesitan una atención y una motivación constante y los cambios les afectan. Corren el riesgo de perder la continuidad en la atención y a sus profesionales de referencia”. También recuerdan que atienden a personas de las áreas de salud de Plasencia, Coria y Navalmoral y la situación podría desmotivarles y no acudir al centro.

Miguel Calle, padre de usuario: «Mi hijo lleva tres años y es una persona distinta. Los monitores le han entendido de maravilla y querría que siguieran»

Juan Pedro Calle, usuario: «He cambiado mucho, no me reconozco. Estoy muy contento y no queremos que echen a los monitores»