PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura han pedido al Ejecutivo regional que actúe ya sobre el transporte sanitario y, si es necesario, que rescinda el contrato con Ambulancias Tenorio, la concesionaria de este servicio público, a raíz de las infracciones detectadas en la empresa.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Badajoz ha abierto actas de infracción a Tenorio por horas de presencia o extraordinarias no retribuidas, por contratos fraudulentos y por eludir parte de la cotización correspondiente a la Seguridad Social, lo que, según CSIF, supone que ha dejado de abonar unos 2,5 millones de euros en 2018.
Tras la reunión de la Junta de Portavoces de la Asamblea de Extremadura, la diputada del PP Cristina Teniente ha anunciado que su grupo ha presentado una propuesta de impulso para abordar este asunto en la sesión plenaria del jueves, 18 de junio.
Las irregularidades conocidas hoy no son una "sorpresa", ha subrayado Teniente, ya que se ha denunciado en público y en privado por todas las vías que Tenorio estaba "pisoteando" los derechos laborales de los trabajadores con la "complicidad" de la Junta.
La portavoz popular ha recordado que una de las veces que el PP denunció este asunto en la Asamblea, el PSOE acusó a los populares de usar a la empresa concesionaria para "desprestigiar" al consejero del ramo, José María Vergeles.
Teniente ha reclamado al Ejecutivo regional que tome medidas ya y en este sentido ha advertido de que entre las causas de resolución del contrato figura la vulneración de los derechos de los trabajadores.
También ha emplazado a Vergeles a que pida "disculpas" por tanta inacción.
En parecidos términos se ha expresado el portavoz adjunto de Cs, David Salazar, que ha reclamado a la Junta que busque una alternativa para garantizar el servicio a los usuarios si, llegado el caso, y ajustado a la ley, hay que rescindir el contrato.
El Gobierno regional debe afrontar este problema de una vez por todas "y no dar una patada adelante", según Salazar.
La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, también ha recordado las denuncias que ha venido haciendo su grupo en este sentido y ha considerado que las "bajas temerarias" en los contratos públicos acaban perjudicando las condiciones laborales de los trabajadores, por lo que ha dicho que parte de la culpa la tiene la Junta.
En su opinión, es una "buena oportunidad" para recuperar la gestión pública del transporte sanitario.
Para la portavoz del Grupo Socialista, Lara Garlito, la Junta está asumiendo sus competencias, ya que es la que ha hecho las inspecciones a Tenorio y adoptará las decisiones que tenga que tomar en función del contrato y el cumplimiento del pliego del servicio por parte de la empresa.
Garlito ha considerado una "broma macabra" que los que "aniquilaron" la sanidad extremeña, en referencia al PP, se atrevan a dar lecciones.
